La opinión pública nacional ha estado matizada en las últimas semanas por las opiniones de una serie de doxarios que se consideran dueños de la verdad, respecto a la casi obligación, conforme a sus pareceres, de que a partir de próximo domingo se designe un Procurador General de la República “independiente”, que sea capaz de convertir la justicia en un dechado de virtudes.

Diferentes nombres de ciudadanos y ciudadanas han circulado en medios de comunicación tradicionales y redes sociales, a fin de que el presidente electo Luis Abinader les tome en cuenta para ostentar la máxima representación del Ministerio Público. La mayoría de aquellos que enarbolan esas ideas, saben que la figura del procurador “independiente” no existe en la Constitución dominicana, pero insiste como mecanismo de presión frente a las nuevas autoridades gubernamentales que prestarán juramento para el período constitucional 2020-2024.

Una cosa es la honestidad que pudiera exhibir una persona, y otra sus niveles de “independencia”. La historia misma de la composición social dominicana nos ha hecho, por diversas razones, sujetos “parciales”, que, de ninguna manera, significa ser deshonesto.

Nuestra Carta Magna establece que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Además, entre otras cuestiones, en el ejercicio de sus funciones, garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley.

Una cuestión a tomar en cuenta radica que las normas vigentes confieren al Ministerio Público esa independencia aspirada, en vista de que goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria; asimismo, ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Basta conque el nuevo Procurador General de la República que nombre el presidente Abinader haga valer esas prerrogativas.

El problema en materia de justicia no está en el procurador, sino en el sistema en general, motivado a la debilidad institucional. Nadie duda que el desempeño del Poder Judicial no haya mostrado la eficiencia que la ciudadanía esperaba para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias o el crimen organizado transnacional. Afortunadamente, en el caso de la sociedad dominicana, aún no se ha llegado a la anomia social, que es cuando las reglas sociales se han degradado o directamente se han eliminado y no son respetadas por integrantes de una determinada comunidad.

Actualmente se impone caminar hacia una especie de contrato social o, al menos pensar en esa idea para fortalecer la administración de justicia, dotándola del instrumental necesario para que responda a las expectativas de la población.

Ahora que comienza un nuevo gobierno, con un partido político diferente al actual, sería conveniente que los actores sociales asumieran un contrato social con la institucionalidad en la República Dominicana.

Lo anterior no puede estar basado en la doxa que, según Plantón, era una simple opinión basada en el engaño y la imaginación; sino que debe fundamentarse en sólidos argumentos que se correspondan con la razón, que la conduce al camino de la verdad.

Resulta ilusorio hablar de un Procurador General de la República “independiente” en una sociedad dominicana integrada mayormente por sujetos “parciales” a la hora de la verdad.