Bogotá.- El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, manifestó hoy que la orden del presidente Juan Manuel Santos de suspender por segunda vez los bombardeos contra los campamentos de las FARC proporciona “estatus de inmunidad” a los integrantes de esa guerrilla.

El jefe del Ministerio Público, fuerte crítico de los diálogos de paz que se celebran en La Habana, dijo además que esta decisión del Gobierno es un “cese bilateral (del fuego) disfrazado”, como en su momento lo advirtió la Procuraduría.

Santos ordenó el pasado sábado la suspensión de los bombardeos contra las FARC, una medida que ya había tomado en marzo pasado para reducir la intensidad del conflicto pero que levantó un mes más tarde tras una ataque guerrillero en el que murieron once soldados.

“He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos a campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización; solo se podrán realizar por orden explícita del presidente”, anunció Santos durante un acto conmemorativo de la Armada en la ciudad de Cartagena (norte).

Ordóñez enfatizó hoy que la suspensión de los bombardeos “paraliza a la fuerza pública en contra de esa organización armada ilegal y le proporciona un estatus de inmunidad a sus integrantes, al igual que a las acciones criminales que adelantan”, según un comunicado del Ministerio Público.

El procurador dijo además que “se repite la dolorosa historia que terminó con la masacre de 11 soldados por parte de las FARC en abril pasado” y en la que «20 héroes más quedaron heridos».

Agregó que el primer anuncio de suspensión de bombardeos el 11 de marzo pasado, “paralizó en alto grado las acciones de las Fuerzas Armadas y facilitó la preparación de la atroz ola de atentados terroristas ejecutada en los meses siguientes de mayo, junio y julio por parte de ese grupo».

Las FARC iniciaron el pasado 20 de julio un alto el fuego unilateral al que el Gobierno respondió el sábado con la orden de suspender los bombardeos para bajar la intensidad del conflicto armado y crear condiciones para acelerar los diálogos de paz que se celebran en Cuba desde noviembre de 2012.

El procurador manifestó que muchos de los campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más grande del país, están ubicados en espacios geográficos donde solo es posible atacarlos con eficacia por medios aéreos.

“Al prohibir estas operaciones, el Gobierno convierte a los campamentos de las FARC en santuarios de protección de sus miembros y en lugares desde donde se podrá continuar ordenando la realización de actos criminales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de niños, el tráfico de armas, la minería criminal, el desplazamiento forzado y el asesinato”, concluyó.