Santo Domingo.-La directora del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, informó ayer que ese organismo ha conformado un grupo de técnicos abogados para que revisen los contratos de adhesiones que le han sometido los bancos.
En ese sentido, manifestó que entre ellos figuran algunos que pertenecieron a la Superintendencia de Bancos.
Asimismo, señaló que ellos están evaluando los contratos que ha recibido Proconsumidor para determinar si tienen o no cláusulas lesivas para los usuarios y entonces decidir si los certifican o no.
La funcionaria exhortó a los usuarios de servicios financieros a registrar sus contratos en el organismo que dirige en caso de que los bancos no lo hagan.
Las personas tienen que hacer ciudadanía en este caso. Tienen que exigir a los bancos que registren en Proconsumidor sus contratos de adhesión, para que podamos protegerlos, dijo Paulino.
Recordó que los técnicos de la institución que monitorizan los contratos detectaron por lo menos tres cláusulas abusivas en cada acuerdo.
Dijo que muchas de las empresas financieras, de seguros y los bancos registraron sus contratos de adhesión y aclaró que algunos aún no lo han hecho.
Recurso de Amparo
Por otra parte, Paulino manifestó que las entidades bancarias depositaron una Acción de Amparo, a través del abogado Eduardo Jorge Prats, en contra de la medida, por lo que la última palabra la tendrá la Justicia dominicana.
En ese sentido, reiteró que la Justicia decidirá si las instituciones financieras deben o no cumplir la ley que las obliga a depositar en en Proconsumidor los contratos de adhesión.
PC apoya acciones de Paulino
El director ejecutivo de Participación Ciudadana (PC), Javier Cabreja, respaldó ayer el trabajo que viene realizando el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) en relación a la protección de un derecho fundamental, como es el de los consumidores, ya que está consignado en la Constitución y las leyes.
En tal sentido, defendió la competencia de esta institución de no sólo solicitar el registro de los contratos de adhesión a los Bancos, y otras entidades del país, sino también de velar que los mismos no lesionen los intereses de los usuarios de este tipo de servicios.
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