SANTO DOMINGO.-La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA) reaccionó este miércoles a los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República en su auditoría a esa institución, la cual detectó la entrega por un monto de RD$5,280,000.00, por concepto de combustible a personas que no están autorizados por las normas vigentes para recibir este beneficio, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021.

PROCOMPETENCIA aclaró que en cuanto a la política de asignación de combustibles, la misma está sustentada en las disposiciones de los artículos 22 y 31 literal w) de la Ley No. 42-08, y el artículo 22 de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano validada además por el Ministerio de Administración Pública (MAP), encontrándose por debajo del 10 por ciento establecido para estas asignaciones en la referida ley.

Asimismo, precisó que en cuanto a los gastos de representación, conforme señala la propia auditoria en su página 21, esta práctica fue descontinuada a partir del 28 de abril del 2021, previo al inicio de la actual gestión que preside María Elena Vásquez en fecha 22 de octubre del año 2021. » En consecuencia, ninguno de los miembros del actual Consejo  Directivo ni de la Dirección Ejecutiva han percibido monto alguno por este concepto», sostuvo.

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Con relación a los arqueos a caja chica, dijo que actualmente se están realizando tres arqueos mensuales a los fondos de caja chica, es decir, uno por encima del mínimo establecido en la Norma DG-AD-01-08.

Mientras que en lo referente a la nómina del personal de seguridad de la institución., señaló que actualmente se encuentra publicado en el portal de transparencia de la institución el numero del personal de seguridad y el salario individual de cada uno, «habiendo adoptado el Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA la decisión de resguardar el nombre de los oficiales que sirven en la institución en aras de preservar la integridad física de dichos oficiales y los procesos de investigación que despliega la Dirección Ejecutiva en el marco de las atribuciones que la Ley 42-08 le confiere, criterio que ha sido acogido por la Dirección General de Ética y cónsono con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0012/21 de fecha 20 de enero del 2021».

En cuanto a los expedientes incompletos de los empleados,  precisó  que, desde el mes de octubre del año 2021, la totalidad de los expedientes de los empleados de PROCOMPETENCIA han sido actualizados y completados.

«Reiteramos que PROCOMPETENCIA está comprometida con la transparencia, integridad y uso eficiente de los fondos públicos. En ese tenor, de conformidad con la legislación vigente, todos nuestros procesos financieros son previamente auditados por la Contraloría General. Por tanto, ratificamos nuestro empeño con la mejora continua y apego a la Constitución de la República y las leyes», concluyó.