Foto de archivo.
Santo Domingo.– La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) ordenó una investigación a las tres principales aseguradoras de riesgo de salud, Humano, Palic y Universal, en virtud de la existencia de hechos que pudieran constituir indicios de prácticas de abuso de posición dominante.
Según Procompetencia, las citadas aseguradoras fueron notificadas el pasado viernes.
La inquietud de Procompetencia surge luego de que EL DÍA publicara varios trabajos, entre los que destaca la entidad el publicado el pasado nueve de julio titulado “Principales ARS forman cartel para limitar servicios afiliados”.
Procompetencia tomó la decisión previo a un proceso de consulta con los diferentes sectores involucrados, como laboratorios, el Colegio Médico, ejecutivos de las ARS y usuarios, para determinar la situación planteada en el medio de comunicación.
El proceso incluyó los casos de negación de servicio de salud por parte de las aseguradoras bajo el alegato de que el médico que hace la indicación no está en su red, y se recibieron 152 correos de médicos y pacientes que confirmaron la existencia de prácticas restrictivas.
221 mil millones al año
Procompetencia señala que de acuerdo a datos de la Superintendencia de Salud, las Administradoras de Riesgo de Salud obtuvieron ingresos por 221.21 mil millones de pesos anualmente durante el periodo 2012-2017, equivalentes al 67.06 por ciento de los ingresos, mientras que la estatal obtuvo RD$85.49 mil millones y las autogestionadas manejaron 23.64 mil millones de pesos.
Procompetencia resalta que el inicio de una investigación por parte de su dirección ejecutiva solo requiere la existencia de indicios que podrían demostrar la posibilidad de realización de prácticas contrarias a la libre y leal competencia.
“La investigación se concentrará en determinar, de ser el caso, en la probable existencia de una conducta prohibida y la probable responsabilidad de quién o quiénes participen en la misma”, se indicó en el documento.
Asimismo, aclara que la investigación no prejuzga sobre la responsabilidad de ningún agente económico, ya que no han sido comprobadas las conductas que pueden constituir prácticas contrarias a la Ley 42-08.
Precisa que la Constitución reconoce la seguridad social como un derecho fundamental y establece en su artículo 60 que el Estado estimulará su desarrollo.
