Una de las motivaciones para la aprobación del actual Código Procesal Penal fue la necesidad de acelerar los procesos.
Incluso, se establecieron una serie de plazos fatales con tal de asegurar que las ruedas del engranaje judicial se vieran obligadas a moverse con agilidad y evitar así que un proceso se eternizara.
La rapidez que se le quería imponer a los procesos en cierta medida tenía como eje al imputado, pues en caso de que se ratificara la inocencia que se le presume, pudiera definir su situación con relativa rapidez.
En principio se observó cierta celeridad, incluso en procesos complejos, como fueron los de la quiebra de varios bancos.
En esos procesos los plazos funcionaron adecuadamente y en tiempo apropiado hubo una sentencia definitiva.
Pero en los últimos tiempos se está observando cierta regresión y los procesos preparatorios lucen desesperadamente largos.
Varios han sido los casos en que el plazo máximo para prisión preventiva como medida de coerción se ha cumplido sin que siquiera haya concluido el juicio preliminar (paso antes del juicio de fondo).
Los principales responsables de conducir los procesos (jueces y fiscales) tienen el reto de evitar que, de manera deliberada, los procesos se alarguen tanto que lleve a la población a perder la confianza etn el sistema judicial.
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