Hay problemas silenciosos, que estallan y salen a flote en las temporadas ciclónicas y de permanentes lluvias.
Problemas que inciden en mostrar más la pobreza de un país que parece involucionar y retroceder económicamente, pese a los mejores augurios de los expertos y economistas.
La pobreza nacional está íntimamente vinculada con la migración, tanto de los nacionales como de nuestros vecinos regionales, de Haití, fundamentalmente. Inmigrantes pobres, que de manera legítima buscan mejores condiciones de vida, pero que de la noche a la mañana arman asentamientos, levantan cuatro paredes vulnerables y viven y hacen familia en lugares de alto riesgo.
Se trata de asentamientos irregulares, la línea de población fácil y fuera de toda normativa urbana que escogen los inmigrantes y que en tal condición de vida luego les hace demandar del Gobierno empleos, ayudas, subsidios, servicios de salud, de electricidad, de educación y viviendas más dignas.
Las demandas de estas familias que escogen para vivir lugares de alta vulnerabilidad, como terrenos baldíos, márgenes de ríos y pendientes, ya llegan hasta las puertas del Congreso Nacional. Plantean que debe destinarse el 1.5% del Producto Interno Bruto a mejorar sus condiciones de vida mediante la construcción y entrega de viviendas sociales.
Sin un estricto control demográfico, con censos solo para contar personas y sin objetivos bien definidos, sin leyes claras en materia de migración, para contener a nuestros vecinos y ciudadanos provenientes de otras naciones de la región, la República Dominicana se verá como país en un círculo vicioso que lo atará permanentemente al atraso y el subdesarrollo, con el riesgo de agotar en cinco años su límite de población urbana, para no hablar del endeudamiento.
Eso todavía se puede revertir, si trabajamos con planificadores y políticos visionarios, con voluntad de desarrollo.
