La condición geográfica de República Dominicana, que forma parte de una isla en el Caribe, incide en que se agudicen cada día, dos problemas recurrentes: los viajes ilegales y el tráfico de droga.

Estos dos problemas se agudizan más, de acuerdo a las estadísticas, cuando arribamos a un final de gobierno. Las autoridades, frecuentemente, informan de los viajes ilegales que impiden, y que, por lo general, salen de zonas muy específicas de la provincia La Altagracia, Azua, Sánchez y Samaná con destino a Puerto Rico.

Naturalmente, no hay estadísticas del número de embarcaciones incautadas al mes, y más grave aun, cuántas logran burlar la vigilancia y coronan con éxito sus propósitos.

El otro azote: las drogas. En todas sus denominaciones y porciones, eso es parte de las informaciones que nos asaltan a diario. Un punto tienen en común.

Las detenciones en los viajes ilegales y los decomisos de droga apuntan a ciudadanos que residen en sectores vulnerables.

No es una coincidencia fortuita. Todo apunta a que algo no funciona en ciertas áreas estratégicas del Estado.

Habría que examinar el alcance y la eficacia de los programas sociales, los puntos vulnerables que hay en las políticas para generar empleo y la necesidad de leyes que blinden, realmente, los derechos e iniciativas de inversionistas extranjeros. Se trata de tres áreas que demandan especial atención, urgentemente.