En su discurso con ocasión del Día del Poder Judicial el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, ha vuelto sobre la mora judicial, uno de los grandes desafíos con los que ha lidiado desde que fue designado en 2019.
No ha sido el único, como lo demuestra en su alocución, en la que refirió la congestión en los tribunales junto con el “retardo en las decisiones que afectan la vida de la gente y el desarrollo del país”.
Cuando habla del retardo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia alude a la mora judicial, de la que puede decirse, en términos más o menos llanos, que es la incapacidad o imposibilidad de los tribunales de decidir en el tiempo previsto por la ley sobre los casos puestos en manos de los jueces.
La mora judicial debe de estar presente todavía en el sistema judicial dominicano, pero no un mal crónico, como el descrito por el magistrado Molina Peña con estas palabras: “Nueve de cada diez casos tardaban un año o más en resolverse y algunos llevaban pendientes desde 1982. Para fijar la primera audiencia podían transcurrir hasta cinco años”.
¿Podía, en una situación como esta, hablarse de justicia a tiempo en el país? Con atrasos de este nivel, ¿era posible desde la más alta instancia del sistema judicial reconvenir a un tribunal de cualquier nivel por incapacidad, imposibilidad o falta de voluntad para juzgar y decidir en los plazos previstos por la ley?
Ante las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia es justo señalar que si la mora judicial no era el único lastre, sí entre tantos uno de los más demandantes de atención.
Hacer conciencia de la importancia de un sistema judicial socialmente sensible, ágil, eficiente y con decisiones a tiempo, puede hacer mucho por una mejor nación.
Alentemos la proactividad.
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