Santo Domingo.- La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ordenó el inicio de una investigación de oficio contra varios agentes económicos, tras identificar indicios razonables de coordinación de ofertas y posibles prácticas anticompetitivas en un proceso de compras públicas vinculado al Programa de Alimentación Escolar, convocado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
La medida fue adoptada mediante la Resolución núm. RII-DE-AAC-001-2026, la primera emitida por la institución en lo que va de este año en materia de investigaciones antimonopolio.
Con esta disposición, Pro-Competencia deja formalmente abierto el ciclo de investigaciones correspondientes a 2026, luego de que en 2025 se registrara un récord histórico de cinco casos que involucraron a 16 agentes económicos.
La investigación alcanza a los agentes económicos Ana Esmeralda Santana y Santana de Nova, Andrea Rosaura Polanco Santana e Ireana Milagros Nova Santana, quienes habrían participado como oferentes en el referido proceso de contratación pública.
Según detalla la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia, durante el análisis de la documentación de la licitación se detectaron múltiples coincidencias que refuerzan la hipótesis de una posible colusión entre los investigados.
Entre los hallazgos figuran vínculos societarios entre los oferentes, así como el uso de una red de proveedores comunes, incluyendo un mismo notario público y un mismo contador público autorizado.
Asimismo, el órgano regulador identificó la obtención de documentos clave con características coincidentes, como cartas de referencia bancaria con numeración consecutiva, lo que sugiere una coordinación previa. A esto se suma la presentación de programas de control de plagas idénticos, ejecutados por la misma empresa y por el mismo técnico fumigador, incluso en fechas coincidentes, un elemento que refuerza los indicios de una posible actuación concertada.
“Estos elementos sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del procedimiento”, precisó la Dirección Ejecutiva en la resolución que ordena la apertura de la investigación.
De manera preliminar, la conducta bajo investigación se enmarca en el artículo 5, literal “b”, de la Ley núm. 42-08 sobre Defensa de la Competencia, que prohíbe expresamente los acuerdos entre agentes económicos destinados a coordinar ofertas, fijar condiciones o alterar los resultados de procesos competitivos, incluyendo las contrataciones públicas.
Pro-Competencia aclaró que la emisión de esta resolución no implica un prejuzgamiento sobre la culpabilidad de las empresas o personas investigadas. Por el contrario, la medida tiene como objetivo habilitar la fase investigativa, en la que se contrastarán los elementos disponibles, se recabarán pruebas adicionales y se garantizará el pleno ejercicio del derecho a la defensa, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia.
La institución reiteró que solo una decisión final y firme, adoptada al concluir el proceso administrativo, podrá determinar la existencia o no de una infracción a la normativa de competencia y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
El Programa de Alimentación Escolar, gestionado por el INABIE, es uno de los principales componentes de la política social del Estado dominicano, por lo que las autoridades han insistido en la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia en los procesos de contratación, a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la igualdad de condiciones entre los oferentes.
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