Santo Domingo.– La dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) instruyó ayer martes a sus organismos darle el apoyo que requieran los legisladores Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz en su solicitud de que se investiguen los pagos del gobierno por unos mil 400 millones de pesos a Joao Santana y su esposa Mónica Moura, quienes asesoraron las campañas políticas del presidente Danilo Medina en las elecciones de 2012 y 2016.
El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, puntualizó que «si bien los pagos a Santana y Moura fueron hechos con cargo a gastos publicitarios estatales, esto sugiere un conflicto de intereses más que evidente en los desembolsos hechos por la Presidencia de la República a quienes al mismo tiempo actuaban como asesores de campaña política del presidente Danilo Medina».
La organización política establece que la diputada Raful recibió constancia oficial de que el Ministerio
Administrativo de la Presidencia no rinde cuentas en sus memorias sobre los contratos que justificarían los pagos a los publicistas, lo que da pertinencia a la creación de la comisión de la Cámara de Diputados que haga una investigación exhaustiva.
Asimismo el PRM subraya que la ley de Compras y Contrataciones prohíbe contratos con personas investigadas y procesadas, pese a lo cual el Gobierno continuó los contratos e hizo pagos a los señores Santana y Moura luego de que fueran condenados a prisión en su país por actividades ilícitas.
En febrero de 2016 el entonces presidente en Funciones del PRM, Roberto Fulcar, demandó públicamente al gobierno explicaciones «sobre un cheque emitido a nombre de la compañía Polis Caribe SRL., propiedad del asesor principal de la campaña reeleccionista de Medina, pagado desde la cuenta No. 22101, por valor de RD$16 millones 720 mil 754 pesos con 97 centavos, el día 16 de diciembre del año 2014, sin que en ningún momento el pasado o el
presente gobierno se hayan referido al tema. Igualmente, se formalizó una denuncia contra el señor Joao Santana ante la Fiscalía del Distrito Nacional».
“Nos encontramos ante una situación que da lugar a que ejerciendo las atribuciones que le otorga el artículo 93 de la Constitución de la República, el Congreso Nacional fiscalice el desempeño de los poderes del Estado, incluyendo al Poder Ejecutivo, como es el caso que nos ocupa”, informó Paliza a la prensa, tras concluir la reunión ordinaria de la Dirección Ejecutiva del PRM.
Explicó que la reacción inicial negativa de la mayoría oficialista en crear la comisión investigadora sobre los pagos a los publicistas brasileños «podría dar lugar a una situación de conflicto en el ámbito institucional, por lo que el PRM en su Dirección Ejecutiva de hoy, adoptó la decisión de darle el respaldo técnico que requieran los diputados Raful, Paulino, Burgos y Díaz».
El PRM advierte al gobierno que la sociedad espera de su clase política, y en especial de sus autoridades, el debido apego a la normativa institucional y a la transparencia que deben rodear cuanta actividad involucre intereses públicos.