Yuniol Ramírez, abogado asesinato. archivo
SANTO DOMINGO.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresa su condena al acto criminal que cercenó la vida del valioso profesional del Derecho,Yuniol Ramírez Ferreras, profesor universitario e infatigable luchador por la decencia y progreso con equidad de nuestra sociedad, quien era miembro destacado de la organización.
El PRM, al expresar sus condolencias a los familiares del malogrado ciudadano, considera que dicho crimen, cometido con premeditación, asechanza, alevosía y una saña que evidencia, fue perpetrado por personas desalmadas, con ribetes de salvajismo, no puede quedar amparado en el manto de la gran impunidad que arropa a la sociedad dominicana.
Anuncia que se mantendrá vigilante del curso del proceso para asegurarse de que este crimen no quede sin el castigo ejemplar a quienes los planearon y ejecutaron, con el sadismo con que fue asesinado, según las evidencias de su cadáver.
Yuniol Ramírez Ferreras, periodista locutor, abogado, profesor, fue un destacado militante del PRM desde sus inicios, llegando a ser precandidato a senador por su provincia, San Juan de la Maguana, en el torneo electoral del 2016.
Es un digno ejemplo de la capacidad de superación de un ser humano, que, proviniendo de los estratos más humildes de la sociedad, llegara a sobresalir, por su tenacidad y perseverancia en el adecentamiento social del país.
Considera el PRM que las circunstancias que rodean la cronología del crimen, son demostrativas del crimen de inseguridad que vive la sociedad dominicana, fruto de la ausencia de un régimen de consecuencias y la impunidad para los violadores del sistema judicial dominicano, lo que aterra a todos.
“Este horrendo crimen reclama que las autoridades se empleen a fondo para dar con las causas y actores reales del mismo. Reclamaremos justicia con transparencia y castigo ejemplar para los culpables, caiga quien caiga” destaca el PRM
Llama la atención a la ciudadanía, iniciar un proceso de incorporación en la lucha para obligar y acompañar a las autoridades a definir un amplio programa de políticas públicas destinadas a erradicar las condiciones sociales y políticas que generan las facilidades con que se cometen estos actos deleznables para el ser humano.
