El Gobierno dominicano ha sido muy prudente y estratégico en sus últimas decisiones con relación a la perenne crisis haitiana para evitar que la República Dominicana sea arrastrada a una situación en la que sólo saldría perdiendo.
Está harto demostrado que la llamada comunidad internacional ha buscado todas las formas posibles de desentenderse de Haití, lo cual no ha podido hacer debido a la insistencia del presidente de la República Dominicana quien en todos los escenarios posibles ha insistido en que no hay solución dominicana a la cuestión haitiana.
Ya hace meses que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el envío de una fuerza policial para contribuir a la pacificación de Haití, paso indispensable para que inicie su camino a la institucionalización.
Kenia ofreció encabezar la misión y luego de superar algunos escollos legales internos, está a la espera de que lleguen los recursos prometidos.
Ahora Haití ha quedado sin dirección con una destitución de facto del primer ministro Ariel Henry y la incapacidad de que se escoja un sustituto provisional.
Las bandas criminales que controlan el territorio haitiano están a un paso de también controlar los estamentos políticos con un reconocimiento fáctico de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea.
Abundan los peligros para República Dominicana, que tiene la disyuntiva de impulsar soluciones en Haití sin verse involucrada directamente en la situación interna. Somos el único país del mundo que afronta esa dualidad situacional.
Cualquier decisión adoptada por el Gobierno dominicano en procura de preservar la seguridad y salvaguardar los interés nacionales amerita el respaldo de todos los sectores sociales y de la madurez de las fuerzas políticas involucradas ahora en un proceso proselitista electoral de coyuntura.
