Josefina Reynoso
*Por Josefina Reynoso
La realidad de la seguridad en nuestro país va más allá de las cifras. Aunque la tasa de homicidios ha mostrado una notable disminución, la percepción de victimización y criminalidad entre la población está en aumento. Esta discrepancia entre los datos y la percepción de seguridad resalta la necesidad urgente de un enfoque más integral y proactivo en la lucha contra la criminalidad.
El Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) aboga por la implementación de un Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, que sirva como marco estratégico para abordar estos problemas de manera efectiva. Este plan debe ser respaldado por la creación de una Ley de Seguridad Pública que establezca principios claros y objetivos que orienten las acciones del Estado en la materia. Además, es fundamental la reestructuración del Ministerio de Interior y Policía, garantizando que esta entidad esté capacitada y equipada para ejecutar políticas de seguridad que respondan a las necesidades actuales de la sociedad.
La prevención es clave para abordar de manera efectiva los problemas de seguridad y criminalidad. Para ello, es imprescindible realizar un análisis oportuno y exhaustivo que permita establecer políticas públicas adecuadas, adaptadas a las realidades y necesidades específicas de las comunidades.
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La prevención debe ser entendida como un proceso continuo que busca atacar las causas subyacentes del delito, en lugar de limitarse a mitigar sus efectos. Esto implica un enfoque multifacético que aborde factores sociales, económicos y culturales, contribuyendo a la creación de entornos más seguros y resilientes.
La implementación de estrategias de prevención se puede clasificar en tres niveles:
1. *Prevención Primaria*: Fomentar políticas que impacten directamente en las causas del delito antes de que se materialice. Esto incluye inversiones en educación, empleo y programas de inclusión social que ofrezcan oportunidades a los jóvenes y grupos en riesgo.
2. *Prevención Secundaria*: Identificar y abordar las circunstancias que pueden propiciar la comisión de delitos. Esto requiere una vigilancia activa y la creación de redes de apoyo en las comunidades para detectar comportamientos de riesgo y actuar antes de que se produzcan incidentes delictivos.
3. *Prevención Terciaria*: Enfocarse en la reintegración social de los exconvictos, evitando su reincidencia. Es fundamental proporcionarles acceso a recursos que faciliten su reinserción en la sociedad, como programas de formación y empleo, para romper el ciclo de criminalidad.
Este enfoque integral, que prioriza la prevención y la colaboración comunitaria, es esencial para construir un entorno más seguro. Las comunidades deben ser empoderadas para participar activamente en la creación de soluciones que aborden sus preocupaciones específicas en materia de seguridad. La confianza y la cooperación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad son fundamentales para lograr un impacto duradero.
En conclusión, la lucha contra la criminalidad y la violencia debe ir más allá de la reducción de cifras, abarcando un enfoque preventivo que considere la percepción de la seguridad y la realidad social. La implementación de un Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, junto con la creación de una Ley de Seguridad Pública y la reestructuración del Ministerio de Interior y Policía, permitirá no solo disminuir los índices de criminalidad, sino también restaurar la confianza de la población en las instituciones y fomentar un entorno más seguro para todos.
*Josefina Reynoso Chicón es directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE)
