Santo Domingo.-El Presupuesto convertido en Ley ayer por la Cámara de Diputados redujo a menos de la mitad las asignaciones que disponen sus respectivas leyes para el Poder Judicial y los ayuntamientos y se quedó corto en lo estipulado para Educación, sin embargo, cumplió al pie de la letra lo que se estipula a los partidos políticos, renglón al que no le hizo la más mínima reducción.
Cada año, desde la promulgación de la ley 275 de 1997, el Presupuesto aprobado acoge radicalmente la asignación del 0.25 por ciento de los ingresos nacionales para los partidos políticos en años no electorales y el 0.5 por ciento en los electorales.
Como en 2012 habrá elecciones, el Congreso aprobó el 0.5% para los partidos, los cuales recibirán al menos RD$1,403, 210 millones. Aunque el monto total del Presupuesto es de RD$430 mil millones, sólo RD$346,8 mil millones son ingresos nacionales.
Al Poder Judicial se le asignó menos del 1% el Presupuesto, cuando la Ley establece que debe recibir el 2.66%, mientras que a los ayuntamientos se les asignó el 4.9% de los ingresos nacionales, a pesar de que la legislación municipal establece que debe ser el 10 por ciento.
La educación
A la educación básica sólo se le asignó el 2.45% del Producto Interno Bruto, pese a que la Ley General de Educación manda que sea al menos el 4% del PIB.
En segunda lectura
La Cámara de Diputados convirtió ayer en Ley el Presupuesto de 2011 al aprobarlo en segunda lectura con el voto en contra de los perredeístas.
La sesión duró menos de 15 minutos, desoyendo los reclamos de diversos sectores de asignar el 4 por ciento del Producto Interno Bruto para la Educación y también más fondos para la UASD. La iniciativa fue sancionada con 83 votos a favor y 57 en contra.
Pese a que la agenda del día tenía 12 puntos y el Presupuesto era el último, se conoció como primero y único punto.
La protesta amarilla
Decenas de manifestantes quemaron ayer frente al Congreso las fotografías de los legisladores que con su voto aprobaron el presupuesto público de 2012 sin escuchar los reclamos populares que pedían incrementar las partidas a la educación.
Es la quema del traidor, explicó Mario Bergés, coordinador del centro de estudios Juan XXIII, que forma parte de las más de 200 organizaciones que realizaron durante todo el año una campaña para exigir que el Gobierno destinara al menos 4% del PIB a la educación, como lo establece la ley.
Los manifestantes quemaron las fotografías de todos los legisladores que votaron a favor del Presupuesto.
