Quizás el enfoque de cómo salir adelante ante los embates en la salud y la economía provocados por el Covid-19 ha hecho que la sociedad dominicana haya olvidado un fenómeno social que apunta a convertirse en una seria amenaza en el futuro cercano, y se trata de la inseguridad ciudadana.

Aunque aparenten hechos aislados, debe preocupar que en las últimas semanas se haya observado un incremento en el registro de casos de ratería, como robos de celulares a personas indefensas a plena luz del día; y otros de mayor categoría.

Solo este este sábado, la Policía informó que investiga la muerte de un hombre que fue “ejecutado” a tiros por varios encapuchados mientras descansaba en la galería de su casa en la calle 7 del sector Yagüita del Ejido, en la provincia Santiago; y en Barahona, el apresamiento de un hombre al que le ocupó un fusil y pertrechos militares.

Lo menos que le convendría a la República Dominicana es que en momentos en que se vacuna contra el coronavirus, también tenga que buscar fórmulas sociales para inocularse de la inseguridad ciudadana.

Hay que señalar que el 18 de enero de este año, el presidente Luis Abinader anunció que el mes siguiente, es decir, en febrero, presentaría el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, para el cual dijo que se requiere la tecnificación de la Policía y la coordinación de la justicia y los fiscales, incluyendo las pautas de diseño y tecnología para salvaguardar a la ciudadanía.

El Jefe del Estado volvió a referirse a la problemática el 27 de febrero durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, señalando que como había prometido tienen listo el Plan Nacional de Seguridad con una estrategia integral contra la violencia que se socializa con las demás instituciones del gobierno para empezar a ejecutarlo en las próximas dos semanas.

Desde ese momento han pasado más de dos semanas y se sigue a la espera de su puesta en marcha.

Ninguna nación podrá avanzar significativamente en lo económico, político, social y cultural, con inseguridad ciudadana.

Hasta el turismo, nuestro buque insignia de la economía, sufriría, porque los tours operadores internacionales temerían incluir a la República Dominicana entre sus principales destinos en el mundo.

Y es por eso que, desde las más altas instancias del poder gubernamental, se deben adoptar las acciones que sean necesarias para evitar que la delincuencia de adueñe de las calles.

El afrontar decidida y exitosamente el tema de la inseguridad ciudadana es apenas uno de los grandes desafíos que tiene por delante la administración que encabeza el presidente Abinader.

Un informe de finales del 2020 del Banco Mundial indica que para volver a un crecimiento intensivo en puestos de trabajo y que favorezca a los pobres, la República Dominicana debe fortalecer los encadenamientos productivos entre empresas locales y exportadoras, reducir los costos administrativos de la burocracia, mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y ampliar el acceso al crédito.

La rapidez y efectividad con las que el gobierno interiorice estas reformas determinarán el impacto a largo plazo de la pandemia sobre la pobreza, el empleo y el crecimiento económico.

En palabras del propio mandatario dominicano, un ciudadano, en ninguna parte del mundo, puede ser libre si no se siente seguro. Y la inseguridad afecta a miles de dominicanos, hasta el punto de que el 77% la considera como su principal preocupación.