Hay organismos del Estado, como el Congreso Nacional, que hacen sus reuniones ordinarias sujetas a una agenda. Una agenda que se articula con varios puntos que se discuten democráticamente.
No todos los puntos que van a esa agenda se discuten y aprueban, pero los económicos, los que tienen que ver con préstamos, obras del Estado y los de particular interés de las carteras del área económica y financiera, y que son presentados como de importancia para el Poder Ejecutivo, gozan de ciertos privilegios.
Hace poco un senador de la República planteaba el tema de la celeridad con que trabaja el Congreso y la rapidez con que sus miembros levantan las manos para aprobar importantes préstamos.
A la vez, se quejaba de que los senadores no tenían una sólida información, o que no le dedicaban el tiempo suficiente para conocer el fondo de la pieza.
Los préstamos van al Congreso, pero esa debe ser una ventana para que todo el país discuta sobre la pertinencia de los mismos, pues el pueblo en su conjunto tendrá que pagarlos.
El desarrollo del país está amarrado a importantes compromisos futuristas, que se traducen en farragosos documentos con mil y una implicaciones, cargos, exigencias y compromisos a corto, mediano y largo plazo que comprometen las finanzas y las recaudaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que deben ser aprobados todos los préstamos que lleguen, especialmente cuando se ha comprobado que no todos son beneficiosos.
Eso implica que nuestros legisladores deben emplearse a fondo, solicitar todas las consultas necesarias y llamar a vistas públicas a cuantos funcionarios sea necesario y, solo entonces, cuando estén convencidos de su beneficio final, proceder a aprobar los préstamos. De lo contrario sería inaceptable, y no habrá disculpas por la negligencia, individual o colectiva, en la aprobación de los préstamos.
