Presidente Suprema Corte Justicia urge al Congreso aprobar leyes para modernizar justicia

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, instó al Congreso Nacional a aprobar tres leyes fundamentales para la modernización del sistema judicial dominicano: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley para la Optimización de los Procesos y la actualización de la Ley de Registro Inmobiliario.

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Durante su comparecencia ante las comisiones de Justicia del Senado y la Cámara de Diputados, Molina enfatizó que estas normativas son esenciales para fortalecer la independencia, eficiencia y organización del Poder Judicial.

Además, su implementación permitiría agilizar los procesos, reducir la carga litigiosa y modernizar los trámites registrales en beneficio del sector público y privado.

«Si realmente creemos en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Esta es la contribución que el Poder Judicial quiere hacer», subrayó Molina, al defender la eliminación de las tasas judiciales en una futura legislación.

El magistrado resaltó que la aprobación de estas leyes garantizaría la sostenibilidad de la transformación judicial y reforzaría la seguridad jurídica del país, un factor clave para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico.

Avances del Poder Judicial 2019-2024

Molina presentó los logros alcanzados en los últimos cinco años, destacando la reducción de la mora judicial, la digitalización de procesos y la ampliación del acceso a la justicia.

Gracias a la iniciativa «Cero Mora», la SCJ resolvió 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores a 2023. La Segunda Sala de la alta corte logró que, al cierre de 2024, ningún caso tenga una antigüedad superior a seis meses, poniendo fin a 42 años de acumulación de expedientes. Además, se proyecta que para marzo de 2025 el 72% de los tribunales del país estarán al día.

Otro avance clave ha sido la implementación de la Ley No. 339-22, que autoriza el uso de medios digitales en los procesos judiciales.

Actualmente, el Sistema de Gestión de Casos (SGC) opera en todos los tribunales, con más de cinco millones de documentos firmados digitalmente y la aplicación del expediente electrónico en un 100%.

Las audiencias virtuales han optimizado el funcionamiento de tribunales civiles, comerciales, laborales y del Tribunal Superior Administrativo (TSA). Además, un sistema de transcripción automática implementado en 31 tribunales ha reducido en un 80% el tiempo de elaboración de actas de audiencia.

También se ha logrado una reducción del 53% en los tiempos de respuesta de trámites registrales, pasando de 15 a 7 días.

En materia de infraestructura, el Poder Judicial inauguró el Palacio de Justicia de Jarabacoa, beneficiando a más de 57,000 personas, y la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, que atenderá a 800,000 ciudadanos.

La construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste avanza para mejorar el acceso a la justicia en esa demarcación.

El Registro Inmobiliario ha emitido más de 200,000 títulos de propiedad en los últimos cuatro años en el marco del Plan de Titulación del Poder Ejecutivo.

Asimismo, ha fortalecido la digitalización y automatización de procesos para mejorar la eficiencia en la gestión.

Transparencia y Proyección Internacional

El lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial ha sido una medida clave para promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

A esto se suma la co-creación del Plan Estratégico Decenal, en colaboración con distintos sectores de la sociedad y organismos internacionales, con la participación de 3,000 personas y la generación de 746 iniciativas para modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.

En el ámbito internacional, República Dominicana lidera la agenda judicial regional al asumir la Secretaría Pro Tempore de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebrará en mayo en Santo Domingo. Además, encabeza el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, promoviendo temas de justicia abierta, datos abiertos, equidad de género y ética judicial.