Alexis Rafael Peña.
“Más recursos para un mayor acceso a justicia”. A un año de la gestión del presidente Luis Abinader, le solicité tomar en cuenta las leyes 194-2004 sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa y Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Aún dos años después me he quedado esperando el cambio prometido en la campaña del 2020 y posiblemente para el 2024. Puede leer: https://eldia.com.do/mas-recursos-para-un-mayor-acceso-a-justicia/
Decía así en agosto 20, 2021, El Día. “Introito. Por esta Conflictos y Mediaciones solicitó al presidente de la República, Luis Abinader Corona, destinar para el presupuesto del año 2022, recursos económicos para un acceso a justicia de personas que viven en la vulnerabilidad.
Presidente Abinader, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) plantea que el Estado destinará recursos para abrir en el país Centros de Mediación y la formación de mediadores profesionales.
Por iniciativa del exprocurador fiscal del Distrito Nacional y entonces provincia Santo Domingo, doctor Guillermo Moreno, promovió el acercamiento del Ministerio Público a la ciudadanía. Es así, que ese veterano profesional del derecho, abrió la primera fiscalía barrial en Ensanche Ozama.
Luego, hizo lo mismo en el destacamento policial de Villa Francisca, en donde en ambos lugares, este instaló un procurador fiscal adjunto con el objetivo de promover y garantizar los derechos humanos.
Prontamente, organizaciones de la sociedad civil de las comunidades de la zona norte del Distrito Nacional, organizaron con el doctor Moreno y el fiscal adjunto, Modesto Martínez, hoy juez de corte de Niños, Niñas y Adolescentes y representante de sus pares en el Consejo del Poder Judicial, organizaron un encuentro para iniciar el proceso de la instalación de un adjunto y la apertura de la primera fiscalía comunitaria en el barrio María Auxiliadora.
Esa gestión fue para los años 1997, 1998 y 1999 con otros procuradores fiscales. Esas gestiones fueron un éxito.
Para agosto del 2000, se abrió la primera fiscalía comunitaria en el sector Mejoramiento Social titulada María Auxiliadora y a la vez, el primer Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora (CEMECOMA), en honor a la virgen María Auxiliadora y al arduo trabajo de la comunidad salesiana con la niñez, adolescencia, jóvenes y adultos. En donde el sacerdote Juan Linares realizó enormes esfuerzos y logros para el acceso a justicia de sectores vulnerables.
Hoy a 21 años de su implementación, sus frutos y logros nos han indicado que el Estado debería fortalecerlas y expandirlas a las 32 provincias del país; en donde la mediación y conciliación de conflictos sea su norte. Además, orientación legal y psicológica a las personas que solicitan sus servicios.
Si para el Distrito Nacional las fiscalías comunitarias han sido un éxito para el acceso a justicia de la ciudadanía de a pie, porque no destinar un presupuesto para expandirlas en todo el país.
El pasado 2020, participé en un evento sobre los 22 años de los Métodos Alternos en Guatemala y una de la información que llamó mi atención, fue los 89 Centros de Mediación Comunitaria y de acceso a justicia que estos poseen para personas vulnerables.
República Dominicana podría poner en marcha la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo no solo los pactos de reforma fiscal, eléctrica y el educativo; debería ejecutar el objetivo que tiene sobre la formación de personas mediadoras y la inauguración de Centros de Mediación en el país.
El rol de las fiscalías barriales, comunitarias y de los Centros de Mediación es ir en auxilio de las personas en conflictos mediables, conciliables y penales para evitar que a los mismos le violenten sus derechos fundamentales implementados en la Constitución del 2010.
Desde varios años vengo desde Conflictos y Mediaciones y en las jornadas educativas en centros de educación superior a futuros profesionales del derecho, periodistas, psicólogos, trabajadores sociales y otras disciplina; pregonando para que se fomente desde el Congreso Nacional (Diputados-Senadores) una ley sobre los Métodos Alternos (MARCs-RAD) en el país; en donde los mismos cuenten con un organismo que lo rija y su presupuesto.
Dado el éxito de estos espacios de diálogo y promoción de los derechos de la ciudadanía es oportuno que algún legislador/a elabore una iniciativa que procure instaurar por ley estos mecanismos pacíficos de solución de conflictos.
En estos 21 años de estas instancias de acceso a justicia en el Distrito Nacional, el coordinador de las 15 fiscalías comunitarias, Quelvy Romero dijo a la periodista Rosmery de León del periódico El Caribe, que estas surgieron para descongestionar la Procuraduría Fiscal y aseveró que “Vinieron a raíz de la necesidad que existía de acercar la justicia a la comunidad, se entendió que era necesario que se desconcentrara lo que era el Palacio de Justicia, que anteriormente todo tenía que venir aquí y eso fue lo que dio origen al plan de la conformación de las fiscalías comunitarias”.
Confirma lo que columnas anteriores, en la que he explicado a las personas lectoras, la hermosa experiencia mía cuando dirigí por 3 años y 6 meses, el Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora (CEMECOMA), con estas palabras “Estas fiscalías vinieron a ser también una especie de control y de garantías de derechos ciudadanos de los pobladores de los sectores donde se encuentran, porque sabemos que se dan situaciones de violaciones de derechos fundamentales, básicamente, por parte de instancias del Estado, la Policía Nacional, y así por el estilo”, sostuvo Romero, quien tiene un año como supervisor aunque anteriormente trabajó en estas fiscalías.
A la fecha, en el Distrito Nacional están instaladas 15 fiscalías barriales. Están en la Zona Colonial, María Auxiliadora, Gualey, Los Guandules, Capotillo (que también cubre lo sectores Simón Bolívar y Ensanche Luperón), Villas Agrícolas (que abarca La Zurza), Villa Juana, Villa Consuelo, Cristo Rey, Los Ríos, Los Girasoles, Ensanche Quisqueya, Ensache Naco, Carretera Sánchez y Ensanche La Paz.
El procurador fiscal que la expandió a los demás comunidades, fue el doctor Hernández Peguero, quien incluso la visitaba constantemente y le amplio en sus servicios. Tales como psicología, médico forense, orientación legal y otros.
Otras facilidades para el ministerio público del Distrito Nacional la explica el coordinador de la fiscalía Comunitaria de Villas Agrícolas, magistrado Reynaldo Javier al indica que “El Poder Judicial tiene una plataforma a través de la cual recibe nuestras solicitudes, ya sea de orden de arresto, de medida de coerción y por ahí se está trabajando… En la plataforma se hace la solicitud, los documentos se envían al departamento de control de calidad, que existe en la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de que se hace una revisión, entonces se sube a la plataforma y se envía el expediente al Departamento de Litigación, ellos conocen las audiencias”.
Refirió que “A veces entendemos que la fiscalía solo es un ente de recepción de esas denuncias, y no, en las mismas fiscalías comunitarias se resuelve ese conflicto. Los fiscales comunitarios son los responsables de investigar esos procesos y de judicializarse, cumpliendo el debido proceso de ley”.
Otros temas que al inicio de esta iniciativa no se tomó en cuenta por las organizaciones de la sociedad civil en sus planteamientos, fue la violencia de género, no se esperaba o no se tenía información de que el flagelo estaba preocupando a la comunidad.
De las 15 fiscalías, 11 de ellas pueden ser asistidas en caso de la ocurrencia de un acto de violencia en la familia, básicamente entre pareja de hecho o matrimonios. Por lo que reiteramos a las autoridades colocar en su agenda y el presupuesto del 2022, la ampliación de los Métodos Alternos (mediación, conciliación) y estos servicios que he destacado”. https://eldia.com.do/ley-194-2004-sobre-autonomia-presupuestaria-y-administrativa-y-la-mediacion-judicial-dominicana/
