El 27 de junio del 2017; narré con el título “Ley 194-2004 y la Mediación”, las vicisitudes que atraviesa el sistema de justicia en la República Dominicana, ya que antes de terminar el gobierno de Hipólito Mejía, proclamó antes de entregar el poder al presidente electo Leonel Fernandez Reyna, la Ley 194-2004 sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa, la cual permitiría adjudicar mayores recursos a la Suprema Corte de Justicia y otras instancias judiciales, para facilitar a la ciudadanía acceso a justicia.

Sin embargo, a la fecha ni los presidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader han cumplido con la ley y el compromiso de la ciudadanía.

Ahora se está discutiendo en el Congreso Nacional dirigido por el PRM ambas cámaras, el presupuesto para el 2024 de RD$1 billón 371,000 millones; año electoral presidencial, congresual y municipal; en donde podría el presidente Luis Abinader aprovechar esa oportunidad, en vez del dispendio de recursos que será el pan nuestro por los 35 partidos políticos en busca de votos y cargos estatales.

Tal vez el presidente Luis Abinader Corona, podría ser el cambio que requiere la ciudadanía para accesar a justicia vía los por lo menos, en los 11 departamentos judiciales que componen el Poder Judicial en las 32 provincias de la República Dominicana y en sus 32 distritos judiciales a nivel nacional.

Manos a la obra Luis Abinader, veremos el cambio junto por la solución pacífica de los conflictos en la mediación, negociación y facilitación de las controversias ciudadanas.

Por lo que dije en junio 27, 2017 lo siguiente “El 28 de julio del año 2004, siendo presidente Hipólito Mejía y electo Leonel Fernández, como presidente de la República, fue promulgada la Ley 194-2004 de Autonomía Presupuestaria y Administrativa, la cual en su artículo 3 indica que “el Presupuesto del Poder Judicial será de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos”.

La 194-04, ha puesto en jaque a las personas que sostienen un conflicto vecinal, comunitario, familiar, de condóminos u otros; ya que los mismos no pueden acceder a la facilidad que establece el país con la Ley 1-12, desde la cual creó la Estrategia Nacional de Desarrollo para la República Dominicana y en la que participaron activamente sectores de sociedad civil, los partidos políticos y los poderes del Estado.

Ambas legislaciones, la 194-2004 y 1-12; sustentan que el Estado es el responsable de abrir espacios de diálogo, comunicación y estrategias para abordar los conflictos en la sociedad a través de centros de mediación y formación de personas en la resolución de conflictos.

A la fecha, se han pronunciado a favor de las indicadas legislaciones, sectores de la sociedad civil, partidos políticos, académicos, empresarios, iglesias y la presidencia de la república solo ha expresado que los recursos son muy limitados para cumplir con las legislaciones que asignan presupuestos a otras instancias estatales.

Desconociendo de esa manera que la sociedad dominicana requiere de instrumentos de diálogos y mediación para abordar los conflictos, ya que de continuar como está la convivencia entrará pronto o temprano a una epidemia de violencia.

Esa ley, la 1-12; plantea que el Estado debe fomentar los Centros de Mediación y a la vez la formación y capacitación de personas mediadoras, para promover la paz y la convivencia en la sociedad dominicana, desde los cuales se previenen los conflictos vecinales, comunitarios, sociales, familiares, condóminos, u otros.

A la fecha de junio del 2017, sectores de la sociedad civil de la República Dominicana, expresan su voluntad para que el Poder Judicial reciba el 2.66 por ciento del Presupuesto Nacional, es decir, un 65% el Poder Judicial y un 35% el Ministerio Público.

Soy de opinión de crear espacios de debates en las diversas instancias democráticas para que de manera participativa y plural pudieran realizarse foros y debates sobre las referidas leyes y a la vez crear mecanismos de opinión pública para que el presidente Danilo Medina Sánchez asigne los recursos que indica la Ley 194-2004 de Autonomía Presupuestaria y Administrativas de cuya forma estaríamos respondiendo a los estándares internacionales en el ámbito judicial.

Las personas en conflictos requieren espacios en donde ellos y ellas sean los propios protagonistas en la búsqueda de un acuerdo amigable y satisfactorio para cada participante.

La mediación como método participativo de resolución de conflictos requiere que usted, los suyos y los demás; hagan opinión pública a favor de su propia causa”. https://eldia.com.do/ley-194-2004-y-la-mediacion/ y https://eldia.com.do/6-anos-sin-expandir-presupuesto-para-mediacion-y-10-en-espera-por-el-poder-ejecutivo/