Santo Domingo.– El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, dijo que la corrupción que se practica desde el Estado y el sector privado constituye el principal obstáculo para el desarrollo de las inversiones del 98% de tejido empresarial y para el progreso social de los dominicanos.
Taveras Guzmán explicó que las prácticas de corrupción encarecen todas las transacciones que se realicen impactan en los costos de producción y reducen la capacidad de competencia de la mayoría de los empresarios y empresarias que no participan del reparto ilegal de los bienes públicos.
De igual forma, el dirigente empresarial dijo que gran parte del dinero de funcionarios y empresas corruptas se constituye en capital expatriado porque sus beneficiarios, al no poder justificarlo ante las autoridades del sistema financiero y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se ven en la obligación de trasladar el dinero sucio a paraísos fiscales.
Al participar del conversatorio “Impacto de la Corrupción y la Impunidad en la Economía Dominicana”, dijo que la corrupción provoca un círculo vicioso en la economía, porque genera un déficit fiscal que se cubre con deuda, reduce la capacidad del Estado de invertir en servicios de calidad y desincentiva el pago de impuestos.
“Si todos los estudios locales e internacionales nos dicen que el principal obstáculo para hacer negocios en República Dominicana es la corrupción, entonces es una necesidad y un deber de los pequeños, medianos y grandes empresarios y de la ciudadanía en general exigir una justicia independiente y el fin de la impunidad. Necesitamos una nueva institucionalidad democrática y una ciudadanía activa para ponerle freno a este grave cáncer que se está comiendo nuestro presente y amenaza nuestro futuro”, declaró en las instalaciones del Campamento Verde, frente a la Suprema Corte de Justicia.
Taveras Guzmán resaltó que, en democracia, el poder reside en la ciudadanía y que éste poder es delegado para que se gobierne conforme a los intereses de la colectividad, no para el enriquecimiento y endiosamiento de un pequeño grupo.
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen un rol fundamental para obligar a sus representantes a rendir cuentas permanentes, de los recursos puestos en sus manos. Sin una ciudadanía movilizada se hace muy difícil el combate a la corrupción”, concluyó.
