SANTO DOMINGO.-El presidente dominicano Danilo Medina promulgó el viernes la ley que reconoce la nacionalidad de miles de descendientes de inmigrantes haitianos pero que excluye a quienes no fueron registrados al nacer.
Tras la promulgación la presidencia tiene un plazo de 60 días para establecer el reglamento que determinará los mecanismos que usará el registro civil para validar las actas de nacimiento de los desnacionalizados.
César Pina Toribio, consultor jurídico del poder Ejecutivo, detalló que algunos aspectos de la ley pueden comenzar aún antes de la elaboración del reglamento, que se centrará en los métodos para que el registro civil determine si el acta de nacimiento de un persona califica para ser revalidada.
La ley establecer que el registro civil validará las actas de nacimiento, siempre y cuando no haya sido registrada mediante fraude, como suplantación de datos, de identidad o con documentos falsos.
La ley, aprobada de urgencia por ambas cámaras del Congreso, fue elaborada por la presidencia ante las severas críticas y cuestionamientos por parte de organismos internacionales, grupos de derechos humanos y gobiernos de otros países al proceso de desnacionalización que había ordenado en octubre del 2013 el Tribunal Constitucional en un fallo inapelable.
El Tribunal validó con su sentencia la acciones que realizaba desde 2007 la Junta Electoral, que administra el registro civil, para retener las actas de nacimiento y otros documentos de identidad a los descendientes de haitianos, y ordenó abrir juicios individuales para anular la nacionalidad a todos los nacidos desde 1929 padres extranjeros que tuviesen permiso de residencia, como ocurre con miles de descendientes de inmigrantes del vecino Haití.
Los grupos que defienden los derechos de los desnacionalizados lamentan que la ley sólo beneficie a aquellos que fueron registrados al nacer como dominicanos.
En tanto, obligará a quienes nunca tuvieron acta de nacimiento a regularizarse como extranjeros. Noemí Méndez, abogada de afectados por la desnacionalización, consideró que ley deja un amplio nivel de discrecionalidad a la junta electoral para decidir cuáles actas de nacimiento sí podrán ser validadas.
