SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo revisará la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y cuyo contenido ha recibido el rechazo de sectores de la prensa, las empresas telefónicas, abogados y periodistas.

El presidente Luis Abinader dijo que convocará a la Sociedad Dominicana de Diarios y otras entidades que han expresado su preocupación sobre esta ley por considerar que la misma atenta contra principios contenidos en la Constitución de la República, como  el derecho a la privacidad.

Además de la Sociedad Dominicana de Diarios, las compañías telefónicas, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) han manifestado su rechazo a la ley tras considerar que la misma atenta contra el derecho  a la privacidad de los ciudadanos.

La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC) que cuenta entre su membresía a Claro Dominicana, Altice, Onemax y Wind Telecom, advirtió que la ley 1-24 incluye disposiciones que implican graves desvíos de lo establecido en la Constitución dominicana para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Mientras que el Colegio Dominicano de Periodistas, el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica (Codue), el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y el abogado Cándido Simón, se sumaron al rechazo a la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por considerar que contiene disposiciones que violan la Constitución.

El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, consideró que la ley viola la Carta Magna cuando obliga a los ciudadanos a entregar todas las informaciones requeridas por oficiales de la DNI de las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.

Posición de la Sociedad Dominicana de Diarios

La Sociedad Dominicana de Diarios expresó ayer su preocupación respecto a las ambigüedades que perciben en algunos artículos de la nueva ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia.

En concreto, la SDD citó los artículos 9, 11 y 26 y sus posibles impactos en el ámbito de la libertad de prensa y los derechos a la privacidad y el secreto profesional. Al culminar su asamblea general ordinaria anual en la que escogió la nueva directiva para el periodo 2024-2025, la SDD resolvió iniciar las consultas jurídicas de rigor para fijar una posición final sobre dicha legislación.

El artículo 11 , por ejemplo, obliga a “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal” a entregarle a la Dirección General de Inteligencia” todas las informaciones que esta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.

El artículo 26 establece sanciones penales , como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DGI.