Más de dos millones de dominicanos concurrieron, hace apenas una semana, a los colegios electorales para participar de manera entusiasta en las elecciones primarias simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), en las que escogieron a los candidatos que esas organizaciones presentarán a los comicios municipales, congresuales y presidenciales del año 2020.

De hecho, la Junta Central Electoral (JCE), órgano responsable de su organización y supervisión, proclamó a los que resultaron ganadores del certamen electoral, incluyendo la candidatura presidencial peledeísta de Gonzalo Castillo, quien se enfrentó al expresidente Leonel Fernández.

Sin embargo, la proclamación de Castillo se produce en medio de una situación de enfrentamiento a lo interno del PLD, agrupación política que prácticamente se encuentra dividida en dos grupos. Uno de ellos, el que encabeza Fernández, ha convocado a una manifestación de protesta frente a la JCE, bajo el argumento de que la voluntad popular fue vulnerada mediante un fraude electrónico.

La situación ha creado un ambiente de incertidumbre en la sociedad dominicana, que ya está incidiendo de forma negativa en la sanidad de la economía.

Ni los partidos políticos ni los líderes tienen derecho a dañar el interés nacional a través de actuaciones particulares.

Paradójicamente, eso ocurre en la agrupación política fundada por el profesor Juan Bosch, quien predicaba, casi como un catecismo, que el populismo, el grupismo, el clientelismo y la demagogia, son deformaciones que cada día había que enfrentar, con el propósito de que el ejercicio de la política se constituyera en una actividad útil para los habitantes de República Dominicana.

Esas expresiones revelan que romper con esta situación representaría un aporte ideal para convertir la política y, por ende el trabajo de los partidos, en una práctica de servicio, que requiere capacidad en el compromiso de entender la realidad y actuar para transformarla.

La Constitución de la República y las leyes dan la oportunidad a todos aquellos precandidatos que consideren que sus derechos les fueron vulnerados a recurrir por ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) o el Tribunal Constitucional, para que conozcan de las controversias que se hubieran suscitado durante la celebración de las elecciones primarias, un acontecimiento inédito en la democracia electoral del país; incorporado luego de la aprobación de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la marcada con el número 15-19, de Régimen Electoral.

La política y los políticos tienen aun que aportar mucho a la construcción de una sociedad más democrática, en la que existen reglas claras de aceptación de todos los actores; direcciones políticas que comprendan que a los procesos electorales se acude a perder o a ganar, evitando los odios y mal querencias.

Demos valor a la existencia de un sistema multipartidista de gran incidencia en vida democrática, pero que debe abrirse a la renovación del liderato político.

También hay que crear las condiciones para frenar las limitaciones al desarrollo de los partidos minoritarios en sus esfuerzos por alcanzar posiciones de poder a través de los procesos electorales.

La convocatoria a protesta de este lunes de parte de Leonel Fernández se hace en el amplio marco de libertades de que gozamos en el país, pero hay que cuidar que la misma se lleve a cabo de manera pacífica y ordenada, a fin de evitar consecuencias indeseadas.

Estamos a tiempo de hacer de la actividad política un goce democrático, porque más allá de los procesos electorales, el país seguirá existiendo.

La paz social constituye un intangible para República Dominicana, sobre todo en momentos en que la economía dominicana encara desafíos importante en el exigente mundo globalizado.