Las advertencias lanzadas en los últimos días sobre la posibilidad de postular a aspirantes con cuestionamientos públicos parece que comienzan a surtir sus efectos. Ocurre que el Partido Revolucionario Dominicano ha rechazado a quince precandidatos que presuntamente tendrían asuntos pendientes con las leyes y no cumplen con los requisitos para ser propuestos por esa organización en sus boletas en las elecciones congresuales y municipales del próximo año. Sin embargo, lo correcto sería que los nombres de esos objetados fueran ofrecidos para que la población comience a depurar a los dirigentes de las fuerzas políticas y quiénes realmente reúnen los méritos para gozar de las simpatías y de las votaciones para ir al Congreso y los cabildos.
También en el PLD
Ayer el diputado peledeísta por La Romana, Teodoro Ursino Reyes, reveló que tres precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana que aspiran a regidurías son investigados por la Comisión Electoral de la entidad por situaciones reñidas con las leyes. Fue más lejos, al precisar que conoce dos casos de precandidatos a regidores en La Romana. Esta situación se produce en medio de presiones de la sociedad civil para que los posibles postulantes por los partidos sean totalmente depurados minuciosamente. Ursino Reyes incluso precisó que el PLD se auxilia de los organismos investigativos del Estado para pasar por el filtro a quienes buscan curules en el Congreso Nacional y posiciones en los diferentes ayuntamientos. Más cuando se dice que hay gente de mala conducta que tiene aspiraciones.
