SANTO DOMINGO.-El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) suscribió este miércoles un Compromiso con la Gente y la Nación, que incluye iniciativas legislativas para eliminar el barrilito, activar la economía, endurecer el castigo al crimen organizado, revisar el contrato con la empresa Barrick Gold y no aprobar nuevos impuestos ni préstamos que no generen ingresos que permitan compensar su rentabilidad económica y social.
El Compromiso con la Gente y la Nación, que incluye 25 acciones legislativas a desarrollar por el PRD, fue suscrito por las candidatas y candidatos a senadurías y diputaciones del PRD fue definido por el presidente del partido, Miguel Vargas, quien también lo suscribió, como un relanzamiento institucional del país.
Al introducir la presentación de las propuestas legislativas del PRD y aliados, Vargas afirmó que las deficiencias sociales, los retrasos económicos y la delincuencia desbordada que abruman hoy a sociedades como la dominicana, no tendrán solución si faltan instituciones y autoridades que garanticen la plena vigencia de la Constitución y las leyes.
Y expuso que en sus 6 años de Gobierno y 4 de control mayoritario del Congreso, el Partido de la Liberación Dominicana acumula un amplio expediente de legislaciones que no cumple, estancando importantes aspectos del desarrollo nacional. Dijo que la violación a las leyes generales de Educación y de Salud, por ejemplo, han reducido sustancialmente la inversión social necesaria para que nuestras escuelas y hospitales públicos brinden a la población servicios de calidad.
Agregó que la delincuencia y la violencia que mantienen angustiadas a las familias dominicanas en todo el territorio nacional, son también generadas porque las autoridades del PLD no han tenido manos firmes para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico.
Vargas citó que en un informe de este año, al referirse a nuestro país el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que La labor más importante que enfrenta el gobierno de República Dominicana es detener la corrupción endémica y mejorar la confianza pública en el gobierno.
Y agregó que esa pobre evaluación del gobierno de Estados Unidos sobre la administración del PLD, ha sido coincidente con una reciente declaración del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, reflexionando que de los gobiernos no se puede predicar que son buenos en materia de seguridad, si al mismo tiempo son corruptos.
Vargas sintetizó que la acumulación de déficits públicos, los enormes despilfarros y el endeudamiento enloquecido del Gobierno y el Congreso son producto de la falta de institucionalidad, ya que la mayoría legislativa oficialista no cumple su principal función, que es fiscalizar y controlar los desenfrenos del Congreso.
Dijo que para tapar ahora el barril sin fondo de sus desaciertos financieros, el gobierno y el Congreso del PLD se han comprometido con el FMI a crear nuevos impuestos y aumentar la tarifa eléctrica después de las elecciones de mayo 16.
Advirtió que la gente y la nación requieren un equilibrio entre los poderes del Estado, y para ello solicitó al electorado respaldar en las elecciones del 16 de mayo a las candidaturas y las propuestas legislativas de los perredeístas y aliados, que son una garantía de seriedad, trabajo y compromiso con la gente.
Invocando que para el pueblo está bueno ya de las grandes fallas del Congreso y el Gobierno del PLD, Vargas concluyó afirmando que las dominicanas y dominicanos tenemos derecho a darnos la oportunidad de renovar la esperanza y la fe en un porvenir más seguro y provechoso para todas nuestras familias, y para el equilibrio del país.
Las propuestas
El Compromiso con la Gente y la Nación, que fue leído por Orlando Jorge Mera y comentado por Milagros Ortiz Bosch, candidatos a senadores del PRD por Santiago y el Distrito Nacional, pone énfasis en propuestas legislativas para la generación de empleos e impulso a las microempresas y la reforestación, fortalecer la prevención y el castigo a la delincuencia.
Incluye ajustes a los códigos Procesal Penal y del Menor sin desnaturalizar sus alcances en la protección de derechos, hace más efectivo el combate a la delincuencia con una reforma que renueve a la Policía Nacional y endurezca la persecución y penalización del narcotráfico. Prevé erogación de recursos del Presupuesto para las instituciones que trabajan en la prevención y el tratamiento de drogadictos.
Los legisladores del PRD se comprometieron a no aprobar ni crear nuevos impuestos, ni préstamos que no garanticen su rentabilidad económica y social permitiendo generar ingresos que compensen la deuda contraída; a rebajar del 16 al 8 el itebis en la industria turística y eliminar el 28% de impuestos que paga el servicio de Internet.
A someter además un Proyecto de Ley de Funcionalidad y Aplicación de las Leyes que evite y castigue el incumplimiento de las mismas. Con esa iniciativa terminará la violación de todas las leyes que asignan montos específicos a áreas y sectores, como el 4% del PIB de la Educación y el 10% de los ingresos corrientes del Fondo General de la Nación los Ayuntamientos.
Los legisladores estarán a disposición de todas las entidades y organizaciones de la Sociedad Civil, convirtiendo al PRD en el vehículo para que los sectores sociales organizados pueden encausar todas sus iniciativas legislativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las y los dominicanos, de las mujeres y los jóvenes, así como todas aquellas iniciativas que hayan sido consensuadas con todas las fuerzas políticas del país en el marco del Proyecto de Nación a 20 años, que el PRD propone.
Definiendo al del PLD como el gobierno más corrupto de la historia de la Nación, en el que la corrupción roba los recursos que deberían ser invertidos en la solución de los problemas y en ayudar a los pobres a mejorar sus condiciones de vida, de alimentación, de salud, de vivienda y de educación, se proponen presentar un Proyecto de Código de Probidad, Ética y Transparencia en la Administración Pública que obligue a los funcionarios públicos a la toma de decisiones transparentes y castigue severamente a aquellos que violen los procedimientos establecidos en las diferentes legislaciones que norman la administración de los recursos públicos.
