¿Por qué necesitamos un Ministerio de Justicia?
En el marco institucional actual, la Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) concentra funciones que comprometen su eficacia, su independencia y su legitimidad.
Desde hace años he sostenido públicamente que la PGR actúa como parte en los procesos judiciales y tiene un conflicto de intereses al administrar el sistema carcelario. Esta doble condición -de acusadora y gestora penitenciaria- distorsiona principios fundamentales del derecho penal moderno.
Al atribuirse tareas administrativas como la administración de cárceles, el manejo del INACIF o la representación del Estado ante tribunales internacionales, la PGR se aleja de su misión esencial: la persecución penal.
Lo he dicho antes en diferentes medios como este mismo: “Desatiende o debilita su función de persecución del delito atendiendo asuntos administrativos”. La concentración de estas funciones vulnera el principio de especialidad, desgasta operativamente al Ministerio Público y genera una confusión de roles, incompatible con el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La creación de un Ministerio de Justicia permitiría superar esta disfunción institucional y enmendaría el gazapo de su supresión en 1964, a pesar de haber nacido con la Constitución de 1844.
Tal como se plantea en el proyecto aprobado esta misma semana por la Cámara de Diputados (con lo cual deberá volver al Senado, por las modificaciones introducidas en dicha cámara), este nuevo ministerio asumiría la gestión del sistema penitenciario, el acompañamiento jurídico del Poder Ejecutivo, la administración de bienes incautados, la rectoría del INACIF y el diseño de políticas públicas en derechos humanos. Con ello, la PGR quedaría liberada para enfocarse en lo que debe: investigar y acusar con objetividad, independencia y eficiencia.
Este proyecto de ley no es una novedad exótica ni una carga presupuestaria innecesaria, como algunos detractores han planteado. Al contrario, se trata de adoptar un modelo institucional coherente con los estándares internacionales de justicia penal y con los principios constitucionales de transparencia, racionalidad administrativa y separación de funciones.
El país necesita una justicia más técnica, profesional y confiable. La división clara entre las funciones administrativas y las persecutorias no sólo optimiza recursos, sino que fortalece la credibilidad del sistema en su conjunto. Como lo he expresado en distintos escenarios: el Ministerio Público no puede seguir siendo juez y parte, ni puede seguir “custodiando a los presos que él mismo acusa”.
Es hora de institucionalizar un Ministerio de Justicia que devuelva equilibrio y legitimidad al sistema.
