Santo Domingo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa, lavado de activos y delitos tecnológicos, desmantelada mediante la Operación Camaleón.
Entre los cargos más graves que pesan sobre los imputados figura el terrorismo, un delito que, según el Ministerio Público, se configura a partir de las acciones de sabotaje tecnológico, manipulación de sistemas críticos del Estado y vulneración de la seguridad de infraestructuras estratégicas.
Por qué son acusados de terrorismo
De acuerdo con la acusación, el grupo, encabezado por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), operó un entramado criminal que controló y manipuló la red semafórica, los sistemas de videovigilancia y las plataformas tecnológicas del Intrant, con el propósito de obtener beneficios económicos ilícitos y ocultar desvíos de fondos públicos.
El Ministerio Público señala que estas acciones no solo implicaron fraude y corrupción administrativa, sino también riesgos directos para la seguridad ciudadana y el orden público, al interferir con infraestructuras críticas como el sistema de control de tránsito del Gran Santo Domingo, considerado parte del aparato de seguridad del Estado.
El expediente establece que los imputados alteraron, sabotearon y comprometieron sistemas tecnológicos del Estado, lo que constituye “actos de terrorismo en infraestructura crítica”, tipificados en los artículos 27 y 28 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como en los artículos 5, 8 y 26 de la Ley 267-08 sobre Terrorismo, que sancionan a quienes, mediante el uso de tecnología, atenten contra servicios esenciales o generen amenazas a la estabilidad institucional o la seguridad nacional.
Sabotaje y espionaje tecnológico
El Ministerio Público sostiene que Aurix S.A.S., propiedad de Gómez Canaán, fue utilizada para operaciones de espionaje y sabotaje informático, mientras que Transcore Latam S.R.L., Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L. participaron en la manipulación y el control de la red semafórica y los sistemas de videovigilancia.
Estas acciones habrían permitido el acceso no autorizado, la alteración y la interferencia en datos e infraestructuras críticas, afectando el funcionamiento de los sistemas de control del tránsito y comprometiendo la seguridad de los ciudadanos.
La Pepca argumenta que dichas conductas trascienden el ámbito de la corrupción administrativa, ya que “utilizaron medios tecnológicos para alterar servicios públicos esenciales, con impacto directo en la seguridad nacional y el orden público”, encuadrando el hecho dentro de los actos de terrorismo digital o cibernético.
Marco legal invocado
La acusación cita las leyes 53-07, 155-17, 17-19, 267-08 y 631-16, que abarcan delitos de alta tecnología, lavado de activos, contrabando, financiamiento del terrorismo y control de armas.
En particular, la Ley 267-08 sobre Terrorismo castiga con severidad a quienes “provoquen, realicen o financien actos que atenten contra infraestructuras críticas, servicios públicos esenciales o la seguridad nacional”, mientras que la Ley 53-07 establece como acto terrorista cualquier sabotaje tecnológico que afecte la operatividad de instituciones públicas o sistemas estatales
Contexto y acusados
Entre los principales señalados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
La Pepca también incluyó a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, junto a las empresas Transcore Latam, Aurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor.
La red, según el Ministerio Público, combinó corrupción, manipulación tecnológica y sabotaje digital para apropiarse de fondos públicos y comprometer la estabilidad operativa de servicios esenciales del Estado, configurando así delitos tipificados como terrorismo cibernético y contra la nación.
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