Santo Domingo.– En medio de la investigación por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde murieron 232 personas tras el colapso de su techo, el Ministerio Público ha activado una herramienta legal que ha llamado la atención: la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Pero, ¿por qué utilizar una legislación pensada para combatir el crimen financiero en una tragedia aparentemente estructural?
La respuesta está en las facultades preventivas que ofrece esta ley. Aunque no se investiga al empresario Antonio Espaillat por lavado de dinero, la normativa permite que, de manera cautelar, se impida cualquier movimiento económico o transacción sobre los bienes y empresas relacionados con él.
Según explicaron fuentes vinculadas a la Procuraduría, esta medida se toma para preservar el patrimonio involucrado mientras se determina si hubo responsabilidad penal o civil.
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En términos simples: se evita que los activos sean vendidos, ocultados o transferidos antes de que avance el proceso judicial.
La Ley 155-17, además de perseguir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, permite al Ministerio Público solicitar congelamiento de bienes, acciones o cuentas en casos donde se investigan delitos graves y existe el riesgo de que los responsables intenten mover o esconder su patrimonio.
En el caso Jet Set, esta herramienta se aplica para proteger el posible acceso a compensaciones futuras para las víctimas o sus familiares, así como para garantizar que los responsables no evadan la justicia con maniobras económicas.
Por el momento, el Ministerio Público continúa recopilando pruebas, revisando documentación corporativa, licencias, seguros y condiciones estructurales del local.
Aún no se han presentado cargos formales, pero se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días, en función de los avances de la investigación.
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