Muchos acuciantes problemas dominicanos poseen una raíz común fácilmente identificable: la impune ilegalidad de actuaciones públicas y privadas que empeoran en vez de enderezar cada entuerto.
El drama lleva décadas, bajo todos los gobiernos. Por eso, es notable que Luis Abinader base su reelección en la honestidad y la decencia, atributos contrarios a la secular impunidad ilegal; pocos políticos pueden invocar lo mismo provocando más aplausos que rechiflas. En el PLD y la Fupu algunos lucen orgullosos de dos metros de cola, como mantarrayas, criaturas ausentes del menú de la PEPCA.
El caos del tránsito es una metáfora de la impunidad. Choferes de motocicletas, conchos, camiones y guaguas, afiliados a falsos sindicatos, andan conscientes de que las leyes sólo se aplican a los demás, conductores privados sin representante gremial ante las autoridades, fáciles presas del picoteo.
Ni hablar del transporte de carga…
También hay flagrancia continua en delitos imputados al creciente comercio irregular de chinos que, según empresarios legítimos, logran la evasión fiscal, tributaria y de la seguridad social, lavar ingresos, alterar facturas, violar derechos laborales de empleados y mercadear marcas falsas. Algunos funcionarios justifican esas prácticas como algo chiquito, alegando que beneficia a los más pobres con precios bajos.
La ilegalidad del control sindical de actividades vitales, como la instrucción pública, no genera tanta indignación popular como la que obligó a asignar a Educación un presupuesto equivalente al 4 % del PIB, que tras una década se ha desvanecido como el sueño de combatir la ignorancia. El politizado sindicato de maestros, ADP, es parte del problema y se fortalece dificultando soluciones.
Poca justicia
Abinader ha puesto gran empeño para lograr un Poder Judicial independiente, sin injerencia del Ejecutivo, para procesar por corrupción a antiguos funcionarios. Tras tres años con más lawfare que éxitos o condenas, la prensa destaca que “fiscales siguen lectura de cargos desde la página 2,884”, frase de novela orwelliana, aunque corresponde al juicio de Jean Alain Rodríguez.
El Código Penal tiene 167 páginas. El controvertido nuevo código contiene 419 artículos, con más de 90 nuevos tipos penales. La Procuraduría, su PEPCA y la fiscal Yeni Reynoso, han leído casi tres mil páginas de “pruebas”, faltan muchísimas y no avanzan el juicio a Rodríguez ni a los demás.
Hay similar prosopopéyica ineficacia en otros expedientes de la mariscada. Algunos ofrecen evidencias tan contundentes que es injustificable alargar los procesos para regodearse con su manejo mediático. Pero los mariscos no son iguales. Están detenidos preventivamente exministros que no presentan peligro de fuga, cuyos derechos constitucionales de defenderse en libertad son burlados por fiscales y jueces independientes.
¿La incapacidad de sintetizar es por incompetencia o gadejo? La independencia e impericia no maridan bien, aunque también es cierto que para obviar la lectura de las pruebas en audiencia los inculpados y acusadores deben ambos consentir.
Mala propaganda
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