Por la reforma policial

La reforma de la Policía Nacional parece una tarea de bastante largo plazo en la que tienen que verse involucradas varias administraciones.

Lo contrario sería colgar los brazos y acomodarse a vivir con un cuerpo armado para asuntos de orden público imprevisible, sin un protocolo conocido para el abordaje de casos y fuente de conflictos de todo tipo en su trato con la población.

Si se pide en una de las áreas del Gobierno vinculadas con este cuerpo una consideración acerca del avance o posible estancamiento de este proceso, la respuesta tiende al optimismo.

Desde fuera, como puede ser un órgano como el Defensor del Pueblo, la respuesta tiene que ser elaborada, como si no se quisiera llevar desaliento a un esfuerzo de tanta importancia, pero tampoco ser o parecer ingenuo.

La idea de una reforma policial es consustancial con la administración del presidente Luis Abinader. Cualquiera que busque en sus promesas de campaña se encontrará con este propósito desde mucho antes de la pandemia.

Y también como uno de los motivos importantes en su primera administración, iniciada el 16 de agosto de 2020.

En la presencia del Presidente de la República cada semana en la denominada Reunión de Seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana tenemos una muestra de que, tantos años después, esta aspiración y propósito siguen vivos.

Según el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, el derecho de las personas a la integridad es el segundo más violado en el país, sólo por debajo del derecho a la salud.

Entiende este funcionario que el uso de cámaras en el cuerpo de los agentes de la Policía y en los vehículos policiales, así como otros mecanismos de control sería un elemento de disuación contra el abuso policial.
¿Qué impide usarlas masivamente como elemento de control de conductas indeseadas?