Frederich E. Bergés
En nuestro escrito anterior ‘Ver Para Creer’, comentamos la firma del Pacto Eléctrico en cumplimiento de lo que por años se pospuso y que forma parte de la Ley 1-12, denominada Estrategia Nacional de Desarrollo.
Con ese acuerdo, por más imperfecto que sea y siempre confiando en que se habrá de cumplir, solo queda pendiente ahora el Pacto Fiscal.
Las razones que motivan la urgencia de este nuevo Pacto sobran: déficits fiscales corridos durante la última década, parches e improvisaciones circunstanciales en el aparato tributario, y un nivel de deuda, exacerbado por la actual pandemia, que está llegando casi al 70% del PIB, con la subsecuente carga presupuestaria.
Debido al peso del hoyo negro que es el sistema eléctrico a falta principalmente en la eficacia de las Distribuidoras, mantener el estatus quo eléctrico ha representado aproximadamente el 50% del total de nuestra deuda externa.
Mucho se ha insistido también en la necesidad de eficientizar el gasto público y la necesidad de eliminar la corrupción en el uso de fondos públicos como otras de las condiciones para viabilizar un Pacto Fiscal.
A esto habría que sumar la obligatoriedad de ir cerrando las vías de escape y defraudación fiscal, representando dicha evasión casi la mitad de lo que debería recaudarse con las actuales leyes y reglamentos. Uno se pregunta: ¿si lo anterior fuese realizado, habría realmente tanta necesidad de un Pacto Fiscal?
Lo esencial es el cumplimento de las leyes y reformar el Código Tributario para que sea una pieza homogénea y equitativa, incluyendo los múltiples incentivos o sacrificios fiscales en que incurre el Estado para estimular determinadas actividades y el desarrollo de áreas geográficas específicas.
Esto, junto a una ley de responsabilidad fiscal, completaría el cuadro. Un camino tedioso sembrado de intereses y requirente de un gasto enorme de capital político. Lo bueno es que, de momento, vamos por el buen camino.
