Al parecer todas las instancias de los diversos poderes del Estado dominicano se han tomado en serio cumplir con sus responsabilidades en el ordenamiento del desorden migratorio que históricamente ha imperado en el país.
Como ocurre cada vez que se quiere poner la casa en orden, se produce resistencia de algún segmento, ya sea por ignorancia, por temor o porque se beneficia del caos. Cualquiera que sea el caso no puede detener el empuje que en la parte inicial han mostrado las instancias públicas para hacer, en materia migratoria, lo que nunca se ha hecho.
No sorprende tampoco la actitud asumida por el Estado haitiano, que sale altamente beneficiado de la migración de los suyos, como ocurre con República Dominicana con sus emigrantes.
La diáspora le quita presión interna y le representa ingresos para las familias que se quedaron.
Pero en el caso haitiano hay elementos adicionales, ya que al estar al borde de una crisis electoral le conviene que los ojos internos se posen en el exterior, en este caso República Dominicana.
Y más aún, el Plan de Regulación de Extranjeros pondrá de manifiesto el gravísimo problema de documentación que existe en Haití y eso obligaría a la comunidad internacional a mostrar su solidaridad haciendo grandes inversiones para ayudarlo.
A los inmigrantes y a su descendencia les conviene enormemente que el Estado dominicano decida regularizar su presencia en el país, por lo tanto las organizaciones que dicen interesarse por su situación debieran sumarse a esta iniciativa.
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