Santo Domingo.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realizó un encuentro con socios y organizaciones de la sociedad civil para reflexionar sobre los avances y desafíos de la República Dominicana con respecto a la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), de 1994, en El Cairo, un hito de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva.
En la actividad se prestó especial atención a la Cumbre de Nairobi: Adelantando la Promesa de la CIPD, la cual se efectuará del 13 al 15 de noviembre de 2019 en Nairobi, Kenia, con el objetivo de materializar el cambio y movilizar liderazgos para hacer frente a los retos pendientes y nuevos, con un énfasis particular en la agenda de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. También, el aprovechamiento del potencial del dividendo demográfico y el costo de oportunidad de no generar acciones favorables para impulsarlo.
Más de 50 personas representantes de organizaciones juveniles, de mujeres, eclesiales y que trabajan en los diferentes ámbitos de alcance de la agenda, participaron activamente aportando propuestas sobre cómo fortalecer el diálogo intersectorial y asegurar la visibilidad de los intereses y necesidades de las poblaciones mayormente vulnerables.
Durante el debate se destacaron los cambios de estos 25 años en la región y, en especial, en República Dominicana relacionados con la CIPD; la relevancia que esta agenda de derechos sigue teniendo para el país y los principales asuntos pendientes para avanzar en su cumplimiento, como son por ejemplo, poner fin a la necesidad no satisfecha de planificación familiar, a las muertes maternas evitables y a la violencia y prácticas nocivas contra mujeres y niñas.
La oficial de Género y Juventud del UNFPA, Jeannie Ferreras, quien habló en nombre de la representante nacional del UNFPA, Sonia Vásquez, dio apertura al encuentro destacando las oportunidades de colaboración entre la agencia y la sociedad civil en el país para avanzar con la implementación de la CIPD y el Consenso de Montevideo, en el marco de CIPD+25.
En representación del gobierno, el director de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Roberto Liz, describió los avances y desafíos del Estado dominicano en la implementación de la CIPD y del Consenso.
Entre los logros, Liz destacó la articulación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la CIPD, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional y la consolidación del Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM).
También la reducción de la incidencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el aumento de la cobertura del seguro de salud y el aumento del gasto público en educación, entre otros.
Posteriormente, Ferreras abordó la participación juvenil en el seguimiento a la agenda e informó sobre las actividades que se han hecho y se harán, a nivel nacional y regional, de las juventudes camino a Nairobi, como el Campamento Regional de Liderazgo Juvenil 2019 ¡Juventudes Ya! Rumbo a CIPD+ 25, que se llevará a cabo en México en el mes de septiembre.
En ese sentido, explicó que esta última iniciativa tiene como referencia, a nivel global, la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud #Juventud2030 y la Iniciativa Regional de Inversión en Adolescentes y Jóvenes del UNFPA en América Latina y el Caribe “165 Millones de Razones”.
La activista feminista Sergia Galván expuso sobre los aportes de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de la CIPD y del Consenso y sus principales desafíos de cara a Nairobi.
Puntualizó que la cumbre busca un compromiso político firme para ratificar la vigencia y generar un mayor impulso político y económico para avanzar la agenda de la CIPD como parte indispensable de la Agenda 2030.
¿Qué sucedió en la CIPD?
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) 179 gobiernos aprobaron un Programa de Acción e hicieron un llamado en favor de que los derechos en materia de salud sexual y reproductiva ocuparan un lugar central en las acciones nacionales y mundiales orientadas a impulsar el desarrollo económico y político.
El Programa planteó que todas las personas deben tener acceso a servicios integrales de salud reproductiva, incluida la planificación familiar voluntaria, servicios de embarazo y parto seguros, y la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.
También reconoció que la salud reproductiva y el empoderamiento de las mujeres están entrelazados, y que ambos son necesarios para el progreso de la sociedad.
