La policía tiene por misión fundamental contribuir con la tranquilidad ciudadana y con el mejor nivel de vida de la población, a través de actividades preventivas que reduzcan las conductas delictivas y generen confianza de la comunidad. A esta función preventiva se adiciona la de investigación de los hechos delictivos.
Para ello la policía precisa de una relación cercana con la ciudadanía y con el ministerio público. Esta doble vinculación tiene por finalidad la efectiva prevención y persecución del delito, la que no es posible si la policía no se gana la confianza de la comunidad y de las instituciones judiciales.
A pesar de los intentos de cambios, nuestra policía sigue siendo un cuerpo de estructura militar, al servicio de un régimen de fuerza, no democrático, como el que decimos tener. Si hay una manifestación, en lugar de resguardar la seguridad de los manifestantes, ella es su perseguidora.
La policía es un tribunal de facto, genocida, que impone la pena de muerte diariamente a quien entiende es un delincuente o que sin serlo ha sido seleccionado para que no siga en el mundo de los vivos.
El informe de Amnistía Internacional, sobre las graves violaciones a los derechos humanos por parte del cuerpo policial, y sobre sus niveles de corrupción e impunidad no aporta nada que no sepamos, salvo que queramos esconder este vergonzoso estado de violencia generado por quien tiene el deber de luchar por evitarla.
Las palabras del presidente de la República, en su visita reciente a la jefatura de la policía nacional habla de la necesidad del cambio de dicha entidad y de la puesta en marcha de una nueva y moderna imagen, un efectivo y eficaz desempeño. Pero la voluntad debe manifestarse en decisión política, de transformación normativa, estructural y operativa. La esperamos.
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