La reciente promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que reitera la existencia de una Policía Técnica Judicial o Investigativa, como era antes, ha despertado los demonios policiales.
Esto a pesar de las claras disposiciones constitucionales que otorgan la facultad de dirección de persecución e investigación de las infracciones penales al Ministerio Público.
Las diferencias y resistencias a los cambios producidos son buenos y sanos en la democracia, sobre todo cuando quienes los formulan han actuado muchas veces como chivos sin ley, al amparo de un autoritarismo trasnochado y que no se corresponde con la prédica institucional y democrática de nuestro país, pues ello demuestra la oportunidad y necesidad de la transformación, por lo menos normativa.
Las opiniones ciudadanas son fundamentales en democracia, pero los berrinches preocupan, más cuando los realizan quienes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por disposición de los artículos 254 y 255 de la Constitución, deben ser obedientes al poder civil, apartidistas y sin facultad, en ningún caso, para deliberar
¿Qué hacen la Policía Nacional y la DNCD tratando de imponer sus criterios y de frenar las decisiones del poder civil, al cual se deben?
¿Qué pretenden estos cuerpos con sus actitudes contrarias y de desobediencia al poder civil?
Estas posiciones llaman poderosamente la atención porque se trata de instituciones donde la arbitrariedad sigue aposentada y existen espacios de no derecho. Parece que todavía el fantasma de la oprobiosa dictadura, tanto la que se considera como tal por antonomasia (Trujillo), como la llamada moderada (Balaguer), merodea y condiciona la actuación de las agencias auxiliares del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictivos.
Más preocupante aún es que el Ministerio Público busque consenso con los cuerpos policiales y de la DNCD, virtualmente insubordinados, para que estos obedezcan las disposiciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, órganos que, con la aprobación y promulgación de la Ley Orgánica, han dado un mandato de cumplimiento de lo que la Constitución y las leyes consagran.
Las decisiones emanadas del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo son incuestionables por parte de quienes no tienen facultades de deliberación, más cuando son se precisan para el cambio y están dotadas de legitimidad democrática. ¡Sí, señor!
