La Oficina del Censo de EE. UU. inició una prueba para determinar cuánto afectará incluir la polémica pregunta sobre la ciudadanía estadounidense, mientras se espera una decisión de la Corte Suprema sobre si se puede usar o no en el censo del próximo año. Las encuestas se enviarán a 480,000 hogares esta semana.
Se espera que la Corte Suprema decida este mes si el gobierno del presidente Donald Trump puede agregar la pregunta a los encuestados sobre su estatus de ciudadanía, en el próximo censo de 2020.
La nueva prueba es particularmente importante en los preparativos del censo. Tanto críticos como defensores de esta cuestión dicen que su posición producirá una contabilidad más precisa de la población.
Los críticos dicen que preguntar sobre la ciudadanía podría asustar a las minorías y hacer que no respondan, y así se dejarían de contar en el censo. Los partidarios de esta pregunta dicen que una mejor comprensión de dónde vive la ciudadanía mejorará las elecciones.
Cuando el secretario de Comercio, Wilbur Ross, estaba considerando agregar la pregunta, que no se ha presentado en la encuesta nacional completa desde 1950, los directores de la oficina le advirtieron que los datos anteriores muestran que una familia con al menos un no ciudadano tendrá menos probabilidades de responder y que el trabajo de seguimiento con dichos hogares costaría al menos 27.5 millones de dólares.
Ross anunció el año pasado que la pregunta de ciudadanía se agregaría al censo de 2020 a solicitud del Departamento de Justicia para hacer cumplir los derechos de voto.
Los datos del censo sirven como base para las decisiones sobre cómo asignar los recursos federales y estructurar los distritos del Congreso. El objetivo de la encuesta es contar a toda la población de EE. UU., no solo a los ciudadanos.
