Servio Tulio Castaños G.
SANTO DOMINGO.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que los poderes Ejecutivo y Legislativo “han mantenido arrodillado al Poder Judicial” al reducirle el monto que solicita como presupuesto, lo que, a su juicio, impacta su independencia. Asimismo, señaló que el presidente de la Suprema Corte podría recurrir al Tribunal Constitucional para lograr que no le sea modificada arbitrariamente la partida que somete al Presupuesto General de la Nación.
Al ser entrevistado en el programa “Opiniones”, Castaños Guzmán respaldó el reclamo realizado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, de que el Poder Judicial requiere una mayor partida presupuestaria para operar con eficiencia.
«El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) habló con mucha claridad porque nosotros tenemos que partir de que la Justicia es un poder y como poder es parte de un sistema. Dentro de esa lógica constitucional del Estado, cada uno de esos poderes tiene sus atribuciones. Evidentemente, si eso es así, se supone que si un poder del Estado plantea cuál es su presupuesto, por lo menos el Ejecutivo no puede cambiarle lo que el Poder Judicial le somete para que incluya en la Ley General de Presupuesto», explicó el jurista.
Castaños Guzmán argumentó que esta situación no se ha resuelto debido a la injerencia política. En ese sentido, criticó que tanto el presidente de esa alta corte como el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, Frank Soto, no procedan de la carrera judicial. «Los jueces de la SCJ tienen que ser malagradecidos, no pueden estar pendiente o creyéndose que se deben a aquellos que los nombran. Se debe romper con eso, si eso no fuera así el presidente de la SCJ hubiese apoderado del caso al Tribunal Constitucional», enfatizó.
«La política invade a ese poder del Estado, no me niego a que el presidente de la SCJ provenga de la política, lo que no entiendo es cómo un juez que no vino de la carrera también represente al Poder Judicial en el Consejo. Es decir que los dos que vinieron de la política son los que representan al Poder Judicial cuyo 75% de la matrícula y el 100% de los demás estamentos son de la carrera. Ahí deberían estar representados los jueces de carrera», planteó.
Indicó que en países como Perú y Colombia sucedía lo mismo, que el Poder Judicial presentaba su presupuesto al Ejecutivo y este remitía al Congreso una partida diferente a la solicitada. «Lo que determinaron las cortes constitucionales de Colombia y Perú fue indicarle al Ejecutivo que no podía modificarle al Judicial lo que somete. «En tal caso, el Poder Ejecutivo está en la obligación de remitir al Congreso lo que ellos te mandan y si tiene alguna duda establecer un diálogo con ese otro poder. Pero no puedes unilateralmente modificarle su presupuesto», sostuvo.
«Desde el punto de vista constitucional, el Poder Ejecutivo no le puede variar al Poder Judicial lo que como presupuesto le somete cada año. Aunque esa ha sido una cultura desde la administración, eso, de conformidad con lo que es la lógica constitucional no lo puede hacer el Ejecutivo, en tal caso lo puede hacer el Congreso, que le puede modificar el presupuesto al Ejecutivo, al Judicial y a todas las instituciones», aclaró el exprocurador adjunto.
Subrayó que el Ejecutivo puede modificarle el presupuesto al Ministerio de Educación o de Cultura porque son instituciones que dependen de él, pero no puede disponer del presupuesto de otro poder del Estado.
Crisis económica Poder Ejecutivo
En el programa que se transmite cada domingo de 6:00 a 7:00 de la noche por RNN, canal 27, Castaños Guzmán dijo que, por falta de recursos, la Justicia está trabajando con altos niveles de deficiencia. «Por ejemplo, si recorres los 110 locales que el presidente de la SCJ dijo que tenía en condiciones de alquiler, muchos ni siquiera tienen servicio sanitario. Aquí se ha tenido que cancelar y reenviar audiencias por lluvia», manifestó.
Precisó que el presupuesto de 2012 era de 400 mil millones de pesos, y el de 2018 es de 812 mil millones. «Al poder judicial, hoy, le están asignando menos que en el 2012. En el 2012 se le asignó el 58% y este año el 52%», detalló.
«La realidad es que el problema principal del Poder Judicial es económico porque entre otras cosas, por ley se han creado 102 tribunales y no se ha podido habilitar el primero por falta de recursos», dijo, que lo mismo pasa en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Modificación Ley de Compras y Contrataciones
En otro orden, dijo que fruto de su intervención como miembro de la comisión que investigó el proceso de licitación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, se modificará la actual Ley de Compras y Contrataciones, que según sus palabras «no sirve para nada».
«La Nueva legislación corregirá una serie de lagunas que en el marco de lo que ha sido la implementación de esa legislación ha arrojado. Ya que la actual no establece sistemas de consecuencia, ni un régimen sancionatorio y de nulidades, es una verdadera locura. Todo lo que tiene que ver con los aspectos ligados a la transparencia, no lo contiene la Ley. No está correctamente detallado los procesos de licitaciones. Hay licitaciones que se manipulan, esa es la realidad», dijo durante la entrevista.
