El Día 
Santo Domingo.- Al conmemorarse este jueves el día del Poder Judicial, el colectivo Poder Ciudadano demanda sean realizadas transformaciones profundas para garantizar la independencia de este poder del Estado y evitar se continúen cometiendo actos de corrupción e impunidad.
El colectivo demandó del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, informar al país todo lo sucedido alrededor de la red de jueces que traficaban sentencias y el porqué de la omisión en su actuación.
“Exigimos una profundización de las investigaciones sobre las denuncias del procurador general de la Republica hasta alcanzar no solo a jueces, sino también a altos funcionarios del Ministerio Público que han tenido un destacado protagonismo en la creación de ese círculo de jueces rendidos a sus directrices políticas”, apeló el colectivo.
Al encabezar una cadena humana frente a la Suprema Corte de Justicia, caracterizada por la alta presencia policial y los intentos de agresión a miembros de Poder Ciudadano, también reclamaron que las acciones disciplinarias y penales no solo toquen a jueces de estamentos intermedios, sino a actores periféricos que obraron en las sombras del poder para permitir los desafueros y excesos que hoy avergüenzan la Justicia dominicana.
En opinión de Poder Ciudadano, el presidente de la SCJ, el procurador general de la República y todos los jueces con vínculos partidarios debenrenunciar a sus cargos para facilitar el inicio de un profundo proceso de transformación que pueda orientar en el corto plazo a una real independencia de ese importante poder del Estado.
Igualmente debe iniciarse un riguroso proceso de evaluación de desempeño de todos los jueces del tren judicial, dado que la actual coyuntura evidencia que ni siquiera con los concursos de oposición para seleccionarlos se garantiza la indepencia, autonomía y transparente desempeño en sus funciones.
El movimiento social entiende que la descomposición por la que atraviesa el Poder Judicial tiene su origen en la trama de actores políticos partidarios, principalmente del Partido de la Liberación Dominicana, a través de la complacencia y el servilismo de jueces afectos para garantizar impunidad a funcionarios inculpados de actos de corrupción. En ese perverso interés, fueron colocados en posiciones estratégicas a jueces comprometidos con esa agenda de impunidad.
“Manifestamos nuestro categórico rechazo a las actuaciones de ese poder del Estado, que muestran evidentes retrocesos y su genuflexión al poder político corruptor. El año que termina registró un inmenso deterioro, muestra de una profunda crisis del sistema de justicia, el cual, colapso por la corrupción, la impunidad y el control político del Partido de la Liberación Dominicana”, criticaron.
Los abanderados de la lucha anticorrupción advirtieron seguirán luchando en contra de la impunidad y sus distintas manifestaciones enquistadas en la burocracia política que hoy dirige el sistema judicial dominicano.
“Para vivir en democracia, es fundamental la garantía de un Poder Judicial, independiente, autónomo, con la capacidad y la integridad para juzgar el crimen, el delito y sancionar la delincuencia política o de cúpulas económicas y empresariales”.
Entre las propuestas para transformar el sistema de justicia, están: la creación de un Fiscal General Anticorrupción, con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, que concentre las funciones de investigación y persecución penal de los crímenes y delitos en contra de los bienes y recursos del Estado por parte de los servidores públicos, al margen de las presiones y condicionamientos políticos con los que opera el Ministerio Público.
También plantean la modificación integral de los mecanismos de selección de los jueces, para evitar la contaminación del sistema con “políticos jueces” como los que hoy integran parte de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional.
Proponen que sean jueces de carrera los que administren la justicia y que lleguen a esa posición por oposición. Igualmente abogan porque se respete el debido proceso en las políticas de traslado y en los juicios disciplinarios de los jueces.
