PLD exige a Abinader frenar presuntas ejecuciones y esclarecer muertes durante operativos policiales
- La organización opositora solicita investigaciones independientes sobre las muertes durante operativos policiales, estadísticas públicas de los casos y la comparecencia de las autoridades de seguridad ante el Congreso Nacional
Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió al presidente Luis Abinader tomar acciones para detener las presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Policía Nacional y garantizar investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas en los llamados intercambios de disparos.
La organización opositora expresó su inquietud por la cantidad de personas que pierden la vida durante intervenciones policiales y criticó la falta de información pública sobre las pesquisas del Ministerio Público y las posibles sanciones contra los agentes implicados.
El PLD hizo referencia a informaciones difundidas por medios nacionales que indican que en septiembre de 2026 se contabilizaron 55 muertes durante actuaciones policiales. Asimismo, mencionó denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos que estiman en más de 180 las personas fallecidas en intervenciones de agentes del orden durante los primeros meses del año.
A juicio de la organización, la repetición de estos hechos genera cuestionamientos sobre los controles y la supervisión de la Policía Nacional, así como sobre la responsabilidad de las autoridades que dirigen la política de seguridad ciudadana.
El partido manifestó especial preocupación por las denuncias de personas que presuntamente habrían sido ultimadas después de entregarse o cuando ya estaban bajo el control de los agentes policiales.
Advirtió que, si se comprueban estas circunstancias, podrían constituir graves violaciones de los derechos fundamentales, por lo que reclamó que sean investigadas y se establezcan las sanciones correspondientes.
Responsabiliza políticamente al Gobierno
El PLD recordó que el artículo 255 de la Constitución coloca a la Policía Nacional bajo la autoridad del presidente de la República. En consecuencia, sostuvo que Luis Abinader tiene la responsabilidad política de velar por que las actuaciones de los agentes se ajusten a los principios constitucionales.
En ese contexto, solicitó al mandatario explicar cuáles instrucciones ha dispuesto para prevenir las ejecuciones extrajudiciales, qué mecanismos de supervisión están activos y cuáles resultados han arrojado las investigaciones sobre estos casos.
La organización aclaró que no acusa al presidente de haber ordenado ejecuciones, pero consideró que la ausencia de una instrucción directa no elimina las posibles responsabilidades vinculadas con la tolerancia, la falta de supervisión o el incumplimiento del deber de evitar acciones ilegales.
“La impunidad reiterada puede convertirse en una forma de autorización de hecho”, advirtió la organización política.
De igual manera, cuestionó que la Procuraduría General de la República no haya ofrecido suficientes estadísticas sobre los agentes investigados, aquellos sometidos a la justicia y los resultados de los procesos relacionados con estas muertes.
Policía no puede sustituir a los tribunales
La organización opositora señaló que los artículos 7, 37 y 40 de la Constitución dominicana establecen principios relacionados con el Estado social y democrático de derecho, la inviolabilidad de la vida y las garantías de libertad y seguridad personal.
Recordó que la pena de muerte está prohibida en República Dominicana y que ningún agente policial tiene autoridad para determinar la culpabilidad de una persona y ejecutar una sentencia por cuenta propia.
Sin embargo, reconoció que los miembros de la Policía tienen derecho a defender sus vidas y las de otras personas cuando se enfrentan a amenazas reales e inminentes.
El PLD puntualizó que esa facultad no debe servir de argumento para quitarle la vida a alguien que se haya rendido o que no represente un peligro inmediato.
“Una persona que se rinde debe ser detenida y puesta a disposición de la justicia, nunca ejecutada”, sostuvo.
Para el partido, el desempeño de la Policía Nacional no debe evaluarse por el número de presuntos delincuentes muertos, sino por su capacidad para prevenir delitos, esclarecer hechos criminales, arrestar a los responsables y proteger a las víctimas.
Pide explicaciones ante el Congreso
Entre las medidas propuestas, el PLD planteó que el director general de la Policía Nacional y los funcionarios responsables de la seguridad ciudadana acudan al Congreso Nacional para explicar las circunstancias de las muertes, los protocolos de uso de la fuerza y los controles que existen sobre las actuaciones policiales.
También solicitó al Ministerio Público desarrollar investigaciones independientes y oportunas sobre los fallecimientos ocurridos durante operativos policiales, principalmente en aquellos casos donde se denuncie que las víctimas fueron ejecutadas después de rendirse.
La organización pidió a la Procuraduría publicar estadísticas periódicas sobre las investigaciones abiertas, los expedientes concluidos y los agentes procesados, respetando la reserva legal que corresponda a cada procedimiento.
Además, propuso reforzar la supervisión externa, garantizar la conservación de las pruebas, incorporar registros audiovisuales de las intervenciones y disponer medidas de protección para los testigos y los familiares de las víctimas.
Otra de las demandas consiste en investigar posibles responsabilidades de mando, tolerancia o encubrimiento cuando existan evidencias de actuaciones contrarias a la ley.
Reclama acelerar reforma policial
El PLD consideró que estos acontecimientos refuerzan la necesidad de profundizar la reforma policial, con énfasis en la profesionalización de los agentes, el respeto a los derechos fundamentales y el fortalecimiento del control civil sobre la institución.
La organización señaló que enfrentar la delincuencia y garantizar los derechos humanos son objetivos compatibles, por lo que rechazó que las muertes de presuntos delincuentes se presenten como indicadores de éxito en materia de seguridad ciudadana.
También advirtió que las ejecuciones extrajudiciales pueden comprometer pruebas, obstaculizar las investigaciones sobre estructuras criminales y deteriorar la confianza de la población en las instituciones públicas.
Finalmente, el partido exhortó al Gobierno, al Ministerio Público, al Congreso Nacional y a las organizaciones de la sociedad civil a cumplir sus responsabilidades para garantizar el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales.
“En República Dominicana no existe la pena de muerte. La Policía no puede imponerla por su cuenta”, concluyó el partido opositor.
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