El turismo, como tal, es una de las áreas de mayor crecimiento del país.
Las prácticas y las ofertas innovadoras experimentadas en la última década han permitido que el país se convierta en un destino de importancia en el mercado.
Un fenómeno que está íntimamente vinculado a la exitosa oferta de sol y playa que hacemos, sobre todo, para los países europeos y algunos asiáticos.
Donde el atractivo de la playa con el beneficio de ofertas económicas, atractivas y de calidad, permiten tener temporadas de impresionante demanda.
La demanda incide en la compra y venta de terrenos costeros, con vocación turística.
Muchos de esos terrenos costeros, hasta el establecimiento de grandes hoteles y resorts, son de uso público.
Allí van a veranear los dominicanos que se movilizan de todo el país en busca de playas y balnearios naturales, sin restricción de uso, porque pertenecen al Estado.
A veces, lo que es bueno para una minoría, incluidos inversionistas del área turística, es malo o perjudica a una mayoría. Hace poco se empezó a hablar sobre posibles modificaciones del proyecto de ley sobre playas protegidas.
El tema parece de dominio exclusivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, así como de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias, pero no es así.
También compete a la sociedad dominicana, tratándose de espacios y lugares de esparcimiento a los que tienen derecho de uso todos los dominicanos.
Sería conveniente que la Comisión Permanente de Turismo de la Cámara de Diputados, antes de proceder a tomar una decisión definitiva sobre el caso, escuche otros puntos de vista, abra el diálogo e invite a un proceso de rigurosa transparencia.
