La Cámara de Diputados aprobó ayer el contrato para la construcción de dos plantas a carbón que en conjunto tendrán capacidad para generar 674.78 megavatios, con lo que termina el trámite legislativo de ese compromiso que asume el Estado dominicano con un consorcio de empresas liderado por la gigante brasileña Norberto Odebrecht.
Como ha pasado en muchas otras ocasiones ese contrato no fue previamente debatido en público, incluso en las cámaras legislativas fueron “librados de lectura y de comisión”.
Han sido muchos los dolores de cabezas que han dado esa “celeridades legislativas”.
Ya el contrato legalmente es un compromiso asumido por el Estado dominicano.
Pero contrario a lo que se pudiera creer, aún no están a mano los recursos para el financiamiento de esa obra que conlleva una monumental inversión de 2,040 millones de dólares.
¿Cómo van las gestiones para obtener el financiamiento? ¿Cuáles han sido las consideraciones de las entidades crediticias internacionales? ¿Se ha cumplido con las promesas que facilitaron a este consorcio ganar la licitación internacional?
Son preguntas cuyas respuestas permitirán despejar muchas dudas sobre la factibilidad del proyecto en cuestión, en especial porque todo parece indicar que no podrá cumplir su primer objetivo: que el Estado tenga la capacidad de generación de energía necesaria para renegociar en condiciones ventajosas muchos de los contratos desventajosos con generadores privados de electricidad.
El Gobierno ha hecho con el proyecto de estas dos plantas su mayor apuesta en materia eléctrica, pero al parecer han aparecido piedras en el camino.
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