Josefina Reynoso
*Por Josefina Reynoso
La seguridad pública tiene como objetivo salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz en la sociedad. A pesar de que las autoridades han reportado una disminución en las cifras de homicidios en los últimos meses, la percepción de la población es diferente; muchos sienten que la delincuencia ha aumentado.
Aunque la República Dominicana presenta una tasa de homicidios relativamente baja, el temor y la preocupación por otros fenómenos violentos han crecido, incluyendo robos menores, asaltos en la vía pública, vandalismo, la presencia de pandillas, peleas callejeras con armas y conflictos vecinales. Ante esta situación, desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) abogamos por la implementación de un *Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito*, así como por la creación de una ley de seguridad pública y la reestructuración del Ministerio de Interior y Policía.
Este Plan Nacional de Seguridad Pública tiene como propósito trazar una hoja de ruta para los próximos 12 años, convirtiéndose en una política de Estado consensuada y de carácter transversal. Es esencial que se garantice la participación de todas las instituciones del Estado, así como de actores públicos, privados y de la sociedad civil en su conjunto.
Para lograrlo, es necesario establecer una “Ley de seguridad pública” que trascienda los periodos gubernamentales y que contemple la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Estas medidas son fundamentales para construir un marco sólido y confiable en la protección de la sociedad. Una ley de seguridad pública estable ofrece continuidad y estabilidad, elementos esenciales para abordar un fenómeno tan complejo como la criminalidad. En lugar de depender de las prioridades de cada administración, esta ley debe ser un acuerdo social que garantice políticas claras y consistentes, ajenas a la fluctuación del ciclo político. La seguridad, como derecho fundamental, no puede verse afectada por la agenda política de cada elección.
Además, una legislación adecuada debe enfatizar la protección de los derechos humanos. Una ley estable y duradera establecerá límites claros, evitando que la seguridad se utilice como pretexto para acciones represivas y garantizando el respeto a la dignidad de todas las personas.
La creación de un Ministerio de Seguridad Pública es una respuesta lógica y necesaria ante esta problemática. Este ministerio actuaría como una entidad especializada, capaz de formular, implementar y evaluar políticas de seguridad con un enfoque integral y a largo plazo. La seguridad pública; requiere estrategias sostenidas que se adapten a las realidades cambiantes de la sociedad.
Un aspecto crucial para el éxito de este ministerio es contar con personal debidamente capacitado. La formación de profesionales en diversas áreas de la seguridad y la justicia es fundamental para garantizar que las políticas implementadas sean efectivas y respeten los derechos de los ciudadanos. Invertir en la capacitación continua del personal no solo mejora la calidad del servicio, sino que también genera confianza en la institución.
Asimismo, es esencial crear una Red de observatorios de seguridad ciudadana por regiones, como una herramienta vital que nos permita obtener estadísticas reales y actualizadas sobre la situación de la seguridad en el país. Contar con datos precisos y fiables es la base para formular políticas públicas efectivas y dirigidas a las necesidades reales de la comunidad. Un observatorio bien estructurado puede proporcionar información sobre las tendencias delictivas, las áreas más vulnerables y la percepción de seguridad de los ciudadanos, lo cual es fundamental para la toma de decisiones informadas.
Por último, la legitimidad y el consenso son aspectos que no pueden ser ignorados. La creación de una ley de seguridad pública y un ministerio especializado debe ser el resultado de un diálogo amplio y participativo, donde se escuchen las voces de diversos sectores de la sociedad. Así, se puede construir un marco legal y una institución que refleje las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía, fomentando una mayor confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad.
En síntesis, la seguridad pública es un tema que exige un enfoque serio y comprometido, que trascienda administraciones y se base en un consenso social. La creación de una ley de seguridad pública duradera, junto con un Ministerio de Seguridad Pública debidamente capacitado y un observatorio de seguridad ciudadana robusto, son pasos fundamentales para garantizar un entorno seguro y justo para todos. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad donde la seguridad no sea una preocupación constante, sino un derecho plenamente garantizado.
*La Dra. Josefina Reynoso es directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de Funglode.
