SANTO DOMINGO.-La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) demandaron de las autoridades flexibilizar la tarifa eléctrica a favor de los usuarios, y no de las empresas distribuidoras y generadoras como exige el Fondo Monetario Internacional.
En una carta enviada al Superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, la CNUS y Fundecom subrayan que los usuarios del servicio eléctrico son víctimas de contrato históricamente onerosos a tal punto que según cálculos conservadores hechos el 31 de marzo/2010, se le adeuda la suma de 76 mil millones 205 mil pesos, por concepto del 150% del costo de cada hora de apagón no justificada según lo establece el artículo 93 de la Ley 125-01, deuda que ni siquiera aparece registrada en los libros de las distribuidoras eléctricas, lo que constituye una flagrante violación a la Ley.
La comunicación suscrita por Rafael Abreu, presidente de la CNUS, y Joaquín Luciano, de Fundecom, recuerda que en la Cumbre por la Unidad Nacional Frente a la Crisis Internacional, hubo una Mesa de Energía e Hidrocarburos, que aprobó que se debía construir un gaseoducto de Boca Chica hasta San Pedro de Macorís, para convertir la empresa Generadora Eléctrica San Pedro de Macorís antigua Cogentrix- a gas natural que supliría la empresa AES Andrés o AES Dominicana, lo que haría operable la referida planta a la que se le pagan más de 4 millones de dólares mensuales cuando está apagada.
Sugieren, que tal como se aprobó en la referida Cumbre, los precios de los combustibles deben ser fijados en base a precio de compra en mercados internacionales, es decir: Venezuela, México, Trinidad Tobago, Colombia y Aruba, y no en base al precio de paridad de importación del petróleo intermedio del Oeste de Texas, que es uno de los más caros del mercado mundial y que el país no consume porque no compra en ese mercado.
Es hora, de que se comience a compensar a los usuarios del servicio por las horas de apagones no justificadas, y que tanto la población que paga el servicio como los micro, pequeños y medianos empresarios, puedan crecer creando más fuentes de trabajo sin la angustia del costo de una tarifa eléctrica que absurdamente es más costosa que la de cualquier país, con igual o menos desarrollo que el nuestro.
Las organizaciones demandaron además el inicio inmediato de las licitaciones públicas para la compra de energía eléctrica de parte de distribuidoras a generadores eléctricos amparados por contratos a corto plazo.
Además, piden una reducción de un 18% en el precio del kilovatio hora de energía eléctrica.
Y que se comience a compensar a los usuarios del servicio de energía eléctrica que lo pagan, por las horas de apagones no justificadas, según manda el párrafo II del artículo 93 de la Ley 125-0.
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