La justicia se ha hecho sentir en dos escenarios distintos, pero que llaman la atención. Uno, la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que acogió una solicitud de medida precautoria de la DIDA y ordenó a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas que no suspendiera los servicios a los afiliados a algunas ARS (Primera y Futuro y las agrupadas en ADARS) con las que poco después llegaba a acuerdos y dejaba sin efecto el paro que había anunciado; el TSA entendió que la paralización de las atenciones a los asegurados de estas ARS representaba un riesgo para el derecho a la salud.
El otro caso tiene que ver con Atención Permanente, de donde salieron tres personas en libertad (dos haitianos y un dominicano) debido a errores procedimentales en su detención y conducción ante la justicia. El tribunal no ha dicho que los tres liberados no tuvieran nada que ver con la plantación de más de 15 matas de marihuana.
