La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción se autodefine como un organismo mixto y participativo, integrado por representantes del Gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial.
La Comisión resulta muy expresiva, ya que reúne a una variedad de personas y organizaciones, incluidos representantes de las iglesias católica y evangélicas. Y como la ley entra por casa, todos sus integrantes trabajan de manera honorífica, o sea, no reciben ningún tipo de salario, dieta, compensación o incentivo.
Aunque es una comisión para el combate a la corrupción no es un organismo investigativo, ni tiene facultad de perseguir delitos de corrupción. Sin embargo, en su seno hay instituciones como la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y las iglesias, que no pueden, bajo ningún concepto, quedarse en silencio cuando de combate a la corrupción se trata.
No obstante, es un organismo que asesora al Poder Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción y fomento de la ética y la transparencia; y además, puede recibir denuncias y canalizarlas hacia las instancias correspondientes.
En otras palabras, hemos avanzado con las comisiones de ética, pero como Estado nos falta mucho camino que recorrer para el combate a la corrupción. Existe la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia que eviten o limiten la corrupción, y que de esa forma funcionen los controles que garanticen una inversión sana de los recursos públicos.
