Santo Domingo.- Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, informó hoy en la Operación Gavilán se encuentran envueltos personal de la jurisdicción que dirige.

Ramos dijo que hay personas de la fiscalía del Distrito Nacional involucrados en el cobro de soborno para retirar ficha penales de personas condenadas.

La magistrada no especificó la cantidad de personas, al tiempo que reveló que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la jurisdicción que dirige hasta el momento de la investigación.

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Dijo además, sentir tristeza ante la situación, ya que son colegas y allegados en el entorno laboral, sin embargo aseguró que esta situación los fortalece como institución.

Operación Gavilán

Sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol y secuestro secuestro fueron beneficiados con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías a cambio de sobornos, desmantelada mediante la Operación Gavilán, informó el Ministerio Público.

Ayer las autoridades realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de dicha  red, donde fueron  ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.

El Ministerio Público precisó que en los allanamientos fueron arrestadas 12 personas, incluyendo un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un expolicía.

Entre los beneficiados «de forma reiterada» con la eliminación de antecedentes penales están Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, señala el organismo.

Indicó que dicha estructura llegó al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.