En elecciones democráticas se escogen las autoridades del Poder Ejecutivo, formado por el Presidente de la República y el Vicepresidente; los senadores, diputados, síndicos y regidores; pero hay funcionarios, como los gobernadores, que son designados por el Poder Ejecutivo, y son los representantes de este cuerpo del Estado en cada una de las provincias del país, incluida la provincia Santo Domingo.
Conjuntamente con ellos incide en las comunidades el liderazgo de los síndicos y senadores.
Hemos entrado en un periodo, de un tiempo a esta parte, que parece ser que dichos funcionarios son invisibles. Es una percepción, cuyo indicio más palpable está en las constantes peregrinaciones que hacen distintas comitivas o individuos desde el interior del país hasta el Palacio Nacional con un pliego de reclamos.
La deuda social crece y las peregrinaciones se hacen frecuentes. Los quejosos designan comisiones y son recibidos en el Palacio Nacional por funcionarios sin jerarquía para resolver los problemas planteados.
Hay un mal de fondo. Se cae en un círculo vicioso, que incide en una deuda social que se acrecienta debido a que las autoridades tardan mucho para resolver problemas comunitarios muy urgentes. En todo el proceso de demandas, peregrinaciones y huelgas se percibe que en las provincias no hay funcionarios con autoridad y medios para canalizar soluciones.
Vivimos, por tanto, una situación social que se puede agravar si no se toman los correctivos de lugar.
En tal sentido, volvemos a exhortar a que se cumplan las disposiciones anunciadas desde la Presidencia de la República sobre inversiones en obras de infraestructuras en provincias que han esperado bastante.
