Cada día nos levantamos con un nuevo invento para controlar los medios y limitar la libertad de expresión.
La honorable diputada Esther Mirelis Minyetti, artífice en el pasado de un proyecto para crear una zona de tolerancia para la prostitución, ahora se destapa con otra propuesta para controlar los contenidos de los medios de comunicación.
Plantea que las críticas a las funciones públicas deben ser publicadas con fines constructivos.
Esa iniciativa no pasaría de ser un chiste de mal gusto si se viera como un caso aislado, pero ya empieza a notarse una inaceptable tendencia.
Le recordamos a la diputada perredeísta que la libertad de expresión es un derecho que, como los otros, tiene sólo por límite la vulneración de otro derecho y así se establece en las legislaciones que se han dado las naciones democráticas.
Pareciera que ante la corriente democrática de denuncias contra funcionarios públicos (de todos los partidos) la reacción de algunos legisladores (frecuentemente criticados, dicho sea de paso) ha sido intentar amordazar a la prensa mediante instrumentos jurídicos.
No podemos evitar ver una sospechosa tendencia a usar la coerción para evitar la fiscalización de servidores públicos.
Ya acudimos al Congreso a conversar con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sobre nuestra oposición a que un nuevo Código Penal sancione con prisión la difamación. Valoramos la acogida a estos planteamientos, pero dejamos claro que sobre cualquier legislación adjetiva está la Constitución y los convenios internacionales que protegen la libertad de expresión.
