Santo Domingo. La aprobación de una modificación al Código Procesal Penal antes de diciembre, como ordenó el Tribunal Constitucional, peligra debido al poco tiempo con que cuenta la Cámara de Diputados tras recibir la iniciativa a finales de octubre pasado desde el Senado.
Según indicó este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, los diputados, pese a tener "una buena relación con el honorable Senado", no han tenido el tiempo necesario para poder ver en detalle un proyecto extremadamente delicado y que toca los derechos fundamentales de las personas.
"Indudablemente que en la Cámara tenemos apuro con ese tema. Hemos establecido contacto con los demás poderes del Estado y con los actores del sistema judicial en busca de un consenso que nos permita en la fecha indicada ese tema resuelto del Código Procesal Penal", dijo Pacheco.
Aseveró que, como legislador, no se opone a ninguna alternativa legalmente correcta al referirse a la posibilidad de que el Código Procesal se apruebe con celeridad y ser evaluado despúes, ya que el Tribunal Constitucional lo que ataca es el procedimiento utilizado para aprobar la norma.
Según dijo, una comisión trabaja en descubrir la fecha en que el Congreso Nacional fue notificado por el Tribunal Constitucional, pues la misma corre a partir de la notificación, lo que —aunque no lo dijo— podría darle un margen de trabajo superior a ambas cámaras legislativas para completar los trabajos pendientes.
Pacheco insistió en que la norma no ha sido aprobada por falta de trabajo, sino porque fue recibida a finales del mes de octubre y la extensión y complejidad de la misma amerita más tiempo para ser estudiada.
El problema con el Código Procesal
La Ley 10-15, que instruye el Código Procesal Penal, fue modificada por el Senado de la República en varios aspectos sin que estos fueran conocidos por la Cámara de Diputados.
Esta acción provocó una acción de inconstitucionalidad que terminó provocando que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia 0765-24, que otorgaba un plazo de no más de un año al Congreso Nacional para adecuar la norma o, de lo contrario, perdería vigencia.
Ese plazo se vence a mediados del mes de diciembre, aunque los diputados tienen esperanza de encontrar un bajadero que les garantice extender un poco más el plazo, partiendo de la fecha en que fueron notificados oficialmente por el tribunal.
Hasta el momento se han presentado varias propuestas, entre las que se incluye solicitarle a la alta corte un nuevo plazo, lo que ha sido rechazado por juristas por considerar que sentaría un precedente peligroso en el Tribunal Constitucional.
Sobre el texto aprobado por el Senado
La pieza legislativa, que contiene 470 artículos, es resultado de un amplio consenso entre los distintos actores del sistema de justicia, incluyendo la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría Pública, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El informe de la comisión aclara que el contenido no citado o modificado permanece igual al aprobado en la primera lectura, respetando así los acuerdos alcanzados durante la fase inicial del proceso legislativo.
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